Otorgar la garantía del 82% móvil para las jubilaciones de jueces y funcionarios no es una cuestión de Estado, sino un privilegio para un sector del gobierno, otorgado por otro. Porque privilegio es todo derecho cuando se asigna sólo a un grupo de posibles destinatarios.

El particular esfuerzo que el Ejecutivo y los bloques oficialistas han puesto en este tema permite suponer que, más que la defensa de un sector -y no uno postergado sino precisamente el mejor remunerado- es una operación tendiente a evitar que se profundice el control judicial de los presuntos abusos o actos de corrupción bajo análisis.

Esto se deduce si se analiza el contexto:

? Los funcionarios y magistrados que tienen carrera judicial no necesitan esta ley para aspirar al 82% móvil. Pero quienes han llegado a la Justicia hace poco tiempo -los jueces del STJ, por ejemplo- no podrían acceder a ese privilegio sin esta norma.

? Facultar al STJ a autorizar quién y cuándo puede jubilarse es sumar facultades discrecionales al máximo tribunal, que ya posee varias herramientas creadas para asignar a su gusto beneficios o castigos. A saber: distribuye o quita los adicionales salariales MIG, y se ha negado a informar a quién y por qué. Y acaba de lograr la facultad de separar preventivamente del cargo a jueces o funcionarios sumariados.

Un exceso de privilegios puede ser tan nefasto para la independencia judicial como una extrema austeridad. Y esto sucede cuando se obtiene un ingreso muy superior al del resto del Estado como un favor del poder político al que se debe controlar.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar