El escándalo de la presunta mafia de los medicamentos adulterados que aportó fondos para la campaña presidencial de Cristina Fernández derivó en el desplazamiento de Alberto Costa, un funcionario del Ministerio de Salud bonaerense que, según dijo el juez federal Norberto Oyarbide, aparece en escuchas comprometidas con el principal sospechoso, el empresario Néstor Lorenzo.
Ante esos hechos, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, pidió ayer la renuncia del subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa. La actual diputada bonaerense Silvia Caballero será su reemplazante, aunque entrará en actividad el 10 diciembre.
Oyarbide investiga si Costa tiene vinculación en la venta de medicamentos gratuitos provistos por el Estado, y el robo y adulteración de remedios. Los mismos se provén a través de empresas que quiebran y desaparecen sin dejar rastros para volver a nacer con otros nombre.
El juez anticipó que de las escuchas telefónicas surgieron "diálogos muy complicados entre un subsecretario de Salud bonaerense de apellido Costa con (el empresario Néstor) Lorenzo", que aportó un millón de pesos para la campaña de Cristina K y a quien la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, calificó como el "Yabrán" de los medicamentos.
La detención del empresario farmacéutico reinstaló las dudas surgidas en torno a las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial. En un allanamiento realizado en la casa de Lorenzo, la Policía Federal secuestró una carpeta con los comprobantes de los cheques aportados a la campaña de Cristina Kirchner en 2007.
El socio de Lorenzo en la droguería San Javier, Carlos Torres, hizo un aporte de 325.000 pesos. La droguería Unifarma, que pertenecía a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen donó 160.000 pesos.
El juez Oyarbide dejó ayer en claro que se trata de una causa "extrema gravedad" y reveló que el contenido de las conversaciones "son muy sabrosas" porque "Lorenzo no se privó de hablar con nadie".
También añadió que emergen de las escuchas los diálogos entre el empresario Daniel Britos y el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, echado del Gobierno por sus vínculos con el escándalo de la efedrina. Un negocio que compromete al poder, ya que Capaccioli fue el recaudador para la campaña presidencial de Cristina.
Oyarbide pidió que "todos aquellos que hayan recibido tratamientos oncológicos en la obra social de bancarios y adviertan que no tienen los efectos esperados, que se dirijan al juzgado".
Lorenzo, que ya recuperó la libertad provisoriamente, hacía negocios con Sebastián Forza, aportó casi un millón de pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner y fue detenido por orden de Oyarbide el viernes.
"La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras que dan cuenta de conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV", agregó el magistrado federal.
El escándalo por sus ribetes políticos no es nuevo en esta causa. Mientras se llevaban preso a Lorenzo, el Juzgado Federal Nº 5 también ordenó 30 allanamientos a empresas vinculadas al funcionario; además de estudios jurídicos, escribanías, financieras, el Policlínico Bancario y la obra social de ese sindicato que lidera José Zanola, un emblema del menemismo que se convirtió rápidamente al kirchnerismo.
El desfalco financiero de la bancaria es histórico, pero Zanola -confió una fuente oficial- sobrevive a cambio de financiamiento desmedido del Estado y profundos vínculos políticos.
Detalló también que además "se vendían medicamentos robados que estaba prohibido comercializar porque eran medicamentos que el Ministerio de Salud debe entregar en forma gratuita" y precisó que en la Obra Social Bancaria se entregaban "medicamentos que no surtían efecto en el paciente y habían sido vendidos por la droguería San Javier". La propiedad de la droguería San Javier se atribuye a Lorenzo y los medicamentos, agregó el juez, eran "entregados por Baires Med que estaba vinculado a (Sebastián) Forza", uno de los tres comerciantes de medicamentos ejecutados en el Triple Crimen de General Rodríguez.
CLAVES
- La causa. La inició Oyarbide en el 2007 por una denuncia de médicos del Policlínico Bancario, quienes afirmaron que los medicamentos oncológicos y por HIV que prescribían no tenían los efectos esperados.
- Néstor Lorenzo. Es el dueño de la droguería San Javier y presunto cabecilla de la red de mafias vinculadas al negocio de la salud. La ex ministra Ocaña lo bautizó el "Yabrán de los medicamentos". Fue detenido el viernes por Oyarbide.
- Campaña de Cristina. El juez, tras los allanamientos, ya se hizo de varios comprobantes que demuestran que varios empresarios que participan del negocio de la salud aportaron jugosas sumas para la campaña presidencial de Cristina Fernández.
- Juan José Zanola. El titular del gremio de los bancarios era el gran comprador de esos medicamentos para la red de farmacias de la obra social. Denunció a la droguería de Lorenzo por "defectos de rendición de cuentas". Pero el gremialista siguió contratándola. Y la justicia comprobó que San Javier es proveedor exclusivo de la obra social bancaria. Zanola debe dar explicaciones.
- Triple crimen. Los remedios "truchos" eran distribuidos por Baires Med, vinculada a Sebastián Forza", uno de los tres empresarios asesinados por el negocio de la efedrina hace un año en General Rodríguez.
- 400 denuncias. La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña dijo que "hay 400 denuncias por medicamentos adulterados en la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología)". "Además de remedios oncológicos y vinculados al HIV, también aparecen medicamentos para enfermedades crónicas que no cumplían con la cantidad de droga necesaria para tener efecto".
(Fuentes: Perfil/DyN)
