En Argentina hay al menos unos 6.300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal incluidos en algún tipo de dispositivo judicial.

Sin embargo, su realidad es casi desconocida. ¿De qué se los acusa?, ¿cómo viven? ¿a qué sistema de salud y educación acceden en el encierro? y ¿qué pasa con ellos después de abandonar las rejas?, son aspectos que merecen ser visibilizados para comprender el problema con toda su complejidad y que muy pocas veces ha sido tratado durante este año por lo medios (apenas un 2,1 por ciento), vinculándolo casi de manera excluyente con el tema de la inseguridad y en muchos casos sin precisar datos certeros (Ver el informe “El Encierro Mediático”) producido por el Capítulo Infancia de Periodismo Social. A raíz de esa coberturas pareciera que los adolescentes fueran unos de los principales implicados en delitos, pero según los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal por ejemplo del total de imputados por homicidios dolosos, de los 2.000 asesinatos cometidos en el 2008, sólo 2 fueron cometidos por menores de 16 años.

El desafío de la última producción conjunta de la Red de Diarios en Periodismo Social fue trazar un completo panorama de la situación de esos chicos en todo el país.

Según especialistas, las causas que llevan a un chico menor de edad a entrar en conflicto con la ley penal son diversas; por lo tanto, las soluciones para esta problemática son complejas.

En Tucumán los especialistas sacan el foco de las políticas públicas

“Pero mientras los padres tucumanos no sepan cómo se debe educar un hijo, no vamos a terminar con la inseguridad ni con la delincuencia, así haya 10.000 efectivos y patrulleros en las calles", aseveró Raúl Ruiz, titular del Juzgado de Menores Nº 1 al diario La Gaceta. Tanto Ruiz como su par, la magistrada Nora Wexler, coincidieron en que uno de los patrones en común que tienen la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley es que provienen de una familia disgregada que no los contiene. "Además, 95% de ellos es poliadicto, adicto o hace uso abusivo de sustancias tóxicas. Eso es muchas veces lo que los lleva a cometer delitos. Son muy pocos los que sólo tienen trastornos de conducta", dijo Ruiz.
Además, según un informe realizado anualmente por especialistas de la Justicia en el área de menores, el 90% de los chicos que violan la ley penal provienen de familias de escasos recursos económicos; además, cerca del 45% son indigentes, por lo que tienen la mayoría de sus necesidades básicas insatisfechas.
Una voz en parte disidente es la de Silvio Maza Villalba, Defensor Oficial de Menores “La separación en el hogar produce consecuencias terribles en el chico (…)  Es oportuno comenzar a trabajar en la prevención. Se debe instrumentar un sistema interdisciplinario que cubra todas las necesidades del chico que esta en riesgo de delinquir. Le costará menos dinero al Estado que detenerlos y trabajar luego en su reinserción.

En Córdoba el 62 % no cometió un delito grave

En Córdoba, en tanto existen unos 430 chicos en conflicto con la ley penal, encerrados en institutos. De ellos, 43 % cometió delitos sin el uso de violencia. Es decir que en la provincia hay unos 185 niños y adolescentes privados de su libertad por delitos calificados como "menores o leves", como el hurto, según publicó La Voz del Interior.
Ese porcentaje aumenta entre los más jóvenes, muchos de los cuales, por la edad, no dejaron de ser niños: entre los menores de 16 años, 62 % no cometió un delito grave.  Estos chicos "están privados de su libertad por delitos contra la propiedad cometidos sin violencia física, por ejemplo, escapar sin pagar lo que compraron en el quiosco; hurtar de carteras, billeteras, celulares; salir corriendo ante un control policial, etcétera", señala el informe de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia (Munaf) titulado "Jóvenes limitados en su libertad y privados del medio familiar".

En Mendoza no hay secundaria para chicos institucionalizados

Por su lado, en Mendoza, ninguno de los 119 chicos que están en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil llegó a la secundaria. Y casi 30 por ciento vivió de niño en hogares estatales o estuvo en programas de sostén de la Dinaf, debido a conflictos en su familia, de acuerdo a la cobertura del diario Los Andes.
Este contexto adverso muchas veces actúa como un condicionante que es transferido de generación en generación. "En algunos casos se teje un círculo familiar en torno del delito. Yo estoy atendiendo ahora a los nietos de personas que pasaron por mi Juzgado", graficó Ismael Jadur. Después de 45 años como titular del Segundo Juzgado Penal de Menores, el letrado asegura que de esta problemática sólo se sale con políticas educativas y sociales.

En Catamarca la situación es mejor de lo que creen

A partir de las estadísticas de la Dirección de Estadísticas y Censos de Catamarca, quedó claro que pese a que está instalada la creencia de que hay una gran participación de niños y adolescentes en los delitos, sólo el 12 % de los hechos delictivos son cometidos por personas menores de 18 años en esta provincia, de acuerdo a el diario El Ancasti.

Santa Fe: para muchos, la única opción es la calle

En Santa Fe, la situación no es mucho mejor. Muchos niños y adolescentes viven en una desprotección similar, según el diario El Litoral.  “A los niños y jóvenes de Santa Fe les está quedando como única opción la calle. No hay familia porque está desdibujada, y la escuela no contiene; están desbordadas y tienen enormes problemas de cupos. No quedan muchas alternativas más que la calle. Y la calle es sinónimo de delincuencia, de adicción, de prostitución, de trata y de todo lo que puedan imaginar”, dijo a ese medio Gustavo Vogel, director de la Casa Juan Diego, una asociación civil que desde hace más de dos décadas ofrece cobijo a los chicos que se desplazan desde los barrios hacia el centro para trabajar en la calle o pedir monedas. “El problema de la delincuencia tiene que ver básicamente con una cuestión de oportunidades”, enfatizó Vogel. En la ciudad de Santa Fe, donde más de un tercio de su población vive en la pobreza, muchos niños no tienen infancia, no comen en familia, deben mendigar, duermen hacinados, presencian o son víctimas de situaciones de violencia, son abusados, pasan hambre... El listado de falta de oportunidades es inmenso: “El problema de las adicciones es fundamental y no tenemos con qué abordarlo. Lo mismo ocurre con la delincuencia y la miseria”, aseguró.

En Neuquén la fiscal no cree en la baja de la imputabilidad

En Neuquén, “la cantidad de delitos en los lo que interviene la justicia penal juvenil se mantiene más o menos estable, pero cada vez hay más bandas de chicos que se enfrentan con armas de fuego y se matan entre sí", aseguró la fiscal de Delitos Juveniles de esa provincia, María Dolores Finochietti.en una entrevista con "Río Negro". Y agregó que “desde julio hasta la fecha son cuatro, y son casos de chicos que se arman en bandas enfrentadas que se matan entre ellos”.
La fiscal no cree que una baja en la edad de imputabilidad pueda transformarse en una solución al problema de los chicos que cometen delitos. "La solución más barata para un problema es hacer una ley. Todas las leyes Blumberg ¿en qué cambiaron la inseguridad? En nada. Lo mismo que con la baja de la edad imputabilidad", dijo Finochietti.

En Salta se reduce el delito juvenil y no quieren bajar la edad de imputabilidad

Los últimos datos del Poder Judicial de Salta indican que los casos de adolescentes vinculados con delitos tuvieron una leve baja en los últimos meses. Las causas a menores de 18 años pasaron de 14,5 diarias en 2008 a 13,3 en los primeros tres meses y medio de 2009.
Los hechos que más llevan a los chicos a las unidades de detención son, por lejos, los robos.
"Hoy tenemos chicos privados de libertad en la vieja Comisaría del Menor de Castañares por motivos que implicarían una rápida excarcelación para un adulto. Esto muestra que necesitamos un régimen penal juvenil", graficó Sarmiento.
En la provincia, actualmente hay 120 niños de 12 a 17 años detenidos en diferentes instituciones y los presos que tienen más de 18 años superan los 4.000, refleja El Tribuno.
El gobernador Juan Manuel Urtubey se posicionó claramente en contra de bajar de 16 a 14 años el límite en que un chico puede ser condenado por la Justicia. El mandatario hizo estas declaraciones a días de que la idea se debata en el Senado de la Nación.
Castellani pidió "no tener reacciones espasmódicas" y señaló que "estudiando sólo la cuestión de la edad no mejorará la situación", mientras que Lerner pidió "tener mucho cuidado cuando nos convocan a bajar la punibilidad".
Por su parte, Diego Freedman aseguró que "no es necesario -establecer el límite en los 14 años- para dar garantías a los jóvenes".
Entre otras medidas decidieron cambiar policías por operadores juveniles en los institutos donde se aloja a chicos en problemas con la ley.

Santa Cruz reclaman presupuesto para la atención adecuada

En Río Gallegos, según publicó el diario La Opinión Austral, hoy 15 jóvenes están internados en el Instituto del Menor. Pero, sin que se hayan precisado cifras exactas en la Justicia, serían más de 300 los chicos menores de edad a la hora de hablar de chicos judicializados por diferentes causas y, según dicen en los juzgados, cada vez a edad más temprana. Para la jueza del Menor de Río Gallegos, Rosa Nuñez, esa situación es la que abona una posible baja de la edad de imputabilidad. Algo con lo que se mostró de acuerdo, en tanto y en cuanto “vaya acompañado con recursos económicos que permitan trabajar con profesionales que estén comprometidos con el tema. Pero sin una infraestructura adecuada y acorde para los menores que voy a alojar, no estoy de acuerdo. A eso voy que hace falta no sólo la ley, sino un compromiso por parte del Estado en invertir en mejorar el sistema que no es sólo mejorar las leyes sino también contar con lugares adecuados para el alojamiento del personal idóneo, equipos de docentes y tratamiento de la droga dependencia”.

Para Gimol Pinto, experta en derechos de UNICEF, la reciente aprobación en general por parte del Senado de la Nación de un nuevo régimen legal para los adolescentes en conflicto con la ley penal "renueva el debate que debe darse en los distintos ámbitos en forma integral y articulada, para garantizar la construcción, en todo el país, de un sistema especializado para adolescentes, respetuoso de sus derechos y garantías consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño".

Fuente: Red de Diarios en Periodismo Social