La demanda particular del padre de una de las víctimas fatales de Cromañón logró un párrafo especial del fallo: los 15 imputados (absueltos incluidos), el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fueron condenados a pagar 121.600 pesos (más intereses y costas), como indemnización.

El monto resulta ínfimo si se compara con los honorarios regulados a los abogados y peritos que actuaron en la causa, que en total suman cerca de 1.5 millones según el mismo fallo.

Otro de los apartados de la sentencia dirigidos al gobierno es el que "recomienda" al Congreso y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires "que se dicten las normas pertinentes para que se efectúe un catálogo de uso de aquellos materiales industriales que puedan resultar peligrosos (tales como la espuma de poliuretano que había en Cromañón) y se determinen las precauciones que deban adoptarse para garantizar la seguridad en su utilización".

"Asimismo -recomienda el fallo- se verifique la conveniencia de proceder a la creación de un organismo que se encargue del control y certificación periódica de dichos materiales".

También recomendó a los dos poderes legislativos que "se evalúe aumentar considerablemente la escala penal establecida para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en consonancia con los principios que dimanan de la ley de ética pública".