VIEDMA (AV)- El gobierno rionegrino pidió respuestas firmes y claras a la Justicia Federal en torno a los cortes de rutas que desde hace días mantienen los trabajadores rurales.

Desde el gobierno rionegrino se aclaró que con la denuncia penal presentada en el fuero Federal "se pidió formal y expresamente que se disponga el desalojo, que se autorice el uso de la fuerza pública para su cumplimiento, se determinen las reglas propias del proceso y se designe a la autoridad judicial competente para que sea contralor in situ de las acciones a desplegar. Todo ello sin perjuicio de que -a los efectos de un mejor y adecuado auxilio judicial de parte de la Policía de Río Negro y a efectos de garantizar el marco de legalidad de las acciones a cumplir- se requiera la presencia de la autoridad judicial competente en el lugar a efectos de que ordene, en el caso concreto, las medidas a tomar ante las circunstancias que se pudieran presentar".

Así lo expresa la nota elevada a la Justicia Federal con asiento en Roca por el ministro de Gobierno de Río Negro, José Luis Rodríguez, que también señaló que "la justicia tiene una responsabilidad que cumplir y debe hacerlo con absoluta claridad, sin titubeos y con la urgencia que amerita la presente situación".

Consideró "ilógico que nos encontremos constreñidos en vericuetos burocráticos que sólo resultan dilatorios". Cabe recordar que en respuesta a la denuncia penal presentada, el fiscal Federal, Alejandro Moldes, entre otras medidas pidió al jefe de la Policía, Víctor Cufré, que adoptara con la prudencia del caso todas las medidas conducentes para hacer cesar el delito en cuestión, en un marco tal que no se ponga en riesgo la integridad física de manifestantes y terceros.

En la nota el gobierno planteó la necesidad "de discutir el límite en el ejercicio de los derechos, como punto central de la convivencia entre nosotros. No negamos ni negaremos jamás el derecho a expresarse de aquellos que legítimamente defienden sus derechos particulares, pero resulta inadmisible que dicho ejercicio lesione el derecho de todos".

Agregó que por esta razón el gobierno provincial presentó la denuncia penal correspondiente "no sólo desde la responsabilidad jurídica sino también desde la política y frente a ello hemos recibido de parte de la Justicia, tibias respuestas que resultan ambivalentes".