BUENOS AIRES (DyN).- El gobierno nacional se vio obligado ayer a ceder en su pretensión de ajustar las tarifas de gas y electricidad, ante el masivo reclamo de usuarios, los recursos de amparo concedidos y la falta de apoyo político en el Congreso, y decidió suspender hasta octubre la aplicación de los nuevos cargos a los altos consumos residenciales.
El ministro de Planificación, Julio de Vido, concurrió al Parlamento y explicó los alcances de la suspensión temporario de los subsidios a esos servicios y volvió a cargar contra las empresas prestatarias de gas y electricidad por los supuestos errores en la facturación.
Durante una audiencia en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el ministro señaló que "durante el bimestre junio y julio se mantendrán los subsidios a las tarifas del gas y la electricidad en el ciento por ciento y para el bimestre agosto-setiembre ese beneficio alcanzará al 70% lo que representa un costo fiscal de 493 millones de pesos.
Sin embargo, el gobierno ratificó a los legisladores la vigencia del decreto 2067 que estableció la eliminación parcial de estos subsidios y la aplicación del denominado "Cargo Gas" destinado a solventar el costo del gas de importación, como así también del denominado Programa para el Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree) que castiga con mayor tarifa a aquellos consumos que superen los 1.000 kilovatios.
En este sentido, tanto la oposición como las organizaciones de consumidores y defensores del Pueblo exigieron que directamente se derogue esta normativa. (Ver aparte)
La reacción popular contra los aumentos se manifestó de diferentes formas, hasta llegar a la vía judicial mediante la presentación de recursos, ante los tribunales y en algunos casos logrando frenar la aplicación de los ajustes a través de amparos.
La decisión de suspender la aplicación de las penalizaciones en los consumos se tomó luego de que el gobierno vio amenazado su sustento político en el Congreso.
Las audiencias de los funcionarios nacionales en el Parlamento generaron mucha encono tanto en el oficialismo como de la oposición. De Vido fue al Congreso por sorpresa e irrumpió en la reunión de comisión en momentos en que el secretario de Energía, Daniel Cameron, se aprestaba a explicar los fundamentos del ajuste tarifario.
Señaló que "los que ya hayan pagado la factura, en el bimestre siguiente les llegará la devolución. Y en los otros casos, habrá una refacturación del bimestre". (ver aparte) "Vimos la enorme cantidad de reclamos que se produjeron en las últimas semanas en función una mala evaluación del mercado eléctrico, hecho por las concesionarias que nos llevó a realizar una segmentación que en principio contemplaba que en estos meses iban a tener un nivel de consumo menor, pero que se contradice", explicó el ministro De Vido.
Remarcó que "esta mala valuación estuvo basada en que la gente ha utilizado en forma masiva la energía eléctrica para calefaccionarse".
Desde la oposición, Silvia Augsburger, titular del bloque socialista dijo "Logramos romper con la indiferencia del gobierno ante el reclamo de miles de usuarios. Es una solución parcial. Ahora exigimos revisar el cuadro tarifario y establecer una tarifa social ". Julián Obiglio, del PRO: "El gobierno actúa solamente cuando lo ponen contra las cuerdas. El dinero iba a los Fideicomisos de De Vido, no a las empresas de gas ".
