SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- Representantes de la empresa CAPSA y de la Asociación de Empleados de Comercio mantuvieron en la tarde de ayer el primer encuentro enmarcado en la conciliación obligatoria que dictó horas antes la secretaría provincial de Trabajo.
La negociación permitió desactivar el corte de ruta que el gremio había iniciado cerca del mediodía en el acceso a Catedral y amenazaba con entorpecer la actividad en el centro de esquí, como ocurrió el sábado último.
La audiencia realizada en la delegación local de Trabajo permitió un tibio acercamiento entre las partes. La empresa admitió la necesidad de discutir un convenio colectivo específico para los trabajadores del cerro Catedral.
El gremio ya había presentado una propuesta (antes de la ruptura del diálogo) y ayer CAPSA llevó una contrapropuesta, que servirá de base para la nueva discusión. La segunda reunión fue programada para mañana y la expectativa es alcanzar un acuerdo dentro de los 15 días de la conciliación.
La concesionaria del cerro emplea a unos 400 trabajadores (entre fijos y temporarios), que hasta ahora están abarcados por el convenio colectivo general para toda la actividad de Comercio.
El sindicato reclama para los empleados de Catedral un convenio específico y también un aumento salarial que lleve el básico a 4.000 pesos mensuales.
La audiencia fue presidida por el delegado local de Trabajo, Juan Pablo Lastra. Participaron por la AEC el secretario general Wálter Cortés y el secretario gremial Alberto Arabarco, además de numerosos delegados. Por CAPSA concurrió el gerente de Relaciones Institucionales, Fernando González, en compañía del abogado Hernán Gandur.
Además de acercar posiciones en torno del convenio, Cortés reclamó que la empresa se comprometa a tomar a dos empleados de la playa de estacionamiento que todavía no incorporó y dejó constancia sobre "los aprietes, el menosprecio y la persecución" que atribuyó "al personal jerárquico" de CAPSA.
Dijo que el convenio colectivo "no va a servir de mucho si la empresa continúa con las prácticas antisindicales". En relación con el escrito que habrían firmado algunos empleados en desacuerdo con los reclamos de la AEC, Cortés sugirió que fue producto de una presión empresaria. "Ningún trabajador renuncia a sus derechos ni va a decir que no quiere cobrar 3.500 pesos", dijo.
El gerente González replicó que "la gente va a querer cobrar lo que la empresa puede pagar, porque si no no hay empresa".
Los representantes del gremio aclararon que el convenio colectivo por rama deberá encuadrar "a todos los empleados en relación de dependencia, incluidos los jerárquicos".
Mañana las partes avanzarían en el análisis puntual de las condiciones del nuevo convenio y acordaron dejar "el tema de los sueldos para el final". El director de Trabajo de la provincia, Enrique Molina, confió en acordar dentro de los plazos previstos un convenio colectivo que conforme a las dos partes. "Lo ideal es que no sea necesario llegar a un laudo arbitral", señaló.
