SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi allanó una vivienda céntrica de Bariloche y secuestró elementos y material pornográfico en el que aparecerían bebés y niños en prácticas sexuales explícitas, a partir de una investigación que habría iniciado hace más de un año la Interpol en Australia e Inglaterra.
La justicia rionegrina buscará ahora determinar si el material de fotografías y videos considerados como pornografía infantil, que fue hallado en la vivienda allanada, eran generado en Bariloche y desde aquí distribuido de manera onerosa o gratuita a otros puntos del mundo, o si era sólo "compartido" a través de Internet.
Según la investigación, el material comenzó a difundirse vía web hace unos cinco años.
La causa tiene su origen en una investigación que inició la Policía Federal de Australia, junto con Interpol de Londres, organismos que habrían establecido que las imágenes de pornografía infantil que se comercializaban y distribuían desde 2004 procedían de un domicilio céntrico de Bariloche. Interpol derivó la investigación al juzgado en lo Criminal y Correccional 46 de Buenos Aires, pero su titular se declaró incompetente y remitió las actuaciones al juzgado de Instrucción 6 de Bariloche, que conduce Gaimaro Pozzi.
La causa se radicó en esta ciudad el 30 de junio y al día siguiente el magistrado allanó una vivienda ubicada en avenida San Martín al 200, que pertenece a Ricardo Rounge. Allí vive un matrimonio de unos 60 años.
En el lugar se secuestró una computadora portátil, cámaras fotográficas y memorias extensibles. El personal del Gabinete de Telemática de la Policía provincial ya habría determinado la existencia de videos y fotografías de niños y mayores realizando las prácticas sexuales ilícitas.
Los sospechosos, quienes no fueron detenidos, ya nombraron un abogado defensor que los asistirá mañana en los Tribunales locales cuando el juez Gaimaro Pozzi los cite a indagatoria.
El juez del caso es un estudioso de temas como la prostitución infantil y el turismo sexual infantil, y en sus disertaciones sobre la materia situó el origen de esas prácticas en Tailandia, en torno a 1980, y su posterior difusión en países de Centroamérica y Brasil.
Gaimaro Pozzi relacionó la oferta y la demanda de esos "servicios" con la disparidad económica existente entre algunos países, y advirtió que esos turistas depravados buscan a chicos cada vez más jóvenes, porque consideran que es menor el riesgo de contagio. La prédica del magistrado está orientada a la creación de la figura penal que encuadre al "cliente", y a mejorar la legislación en la materia.
