La revisión del gasto en los alquileres por parte del Estado ya fue planteada el año pasado por la Defensoría del Pueblo. Recientemente, ese organismo retomó un análisis del costo y condiciones del servicio, concentrándose en la obligatoria protección que Comercio Interior debe garantizar a los inquilinos.

A pesar de esa política locataria, ese organismo -que conduce Ana Piccinini- contrató a fines del año pasado un piso en el edificio que ocupa en planta baja. Aquel piso ya lo abonaba la provincia para la Fiscalía de Estado, que se mudó a otro edificio privado que estrenó en Alvaro Barros. Pero el nuevo inmueble de la Defensoría sigue sin ocuparse y se mantienen las tareas de reacondicionamiento. En diálogo con FM VyP, el Defensor Adjunto, Ignacio Gandolfi reconoció esa demora en su utilización.

Además, la Legislatura poca atención deposita en la cuestión. Continúa sin tratamiento un proyecto de la bancada del PJ que fijaba ciertas limitaciones en los pagos del Estado en alquileres. La iniciativa establece un criterio porcentual a partir del valor fiscal del inmueble.

Los dos últimos edificios habilitados en Viedma fueron inaugurados por entes públicos, pues estos proyectos inmobiliarios se construyen directamente con ese objetivo empresarial. (AV)