VIEDMA (AV)- Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, Ufises, -una dependencia judicial creada para investigar delitos con programas asistenciales-, sospecha que el Estado rionegrino solventaría con fondos destinados a planes, gastos de la estructura política del partido gobernante y sus socios en el poder. Por eso ayer, el prosecretario federal de la Ufises, Martín Sánchez, radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Viedma. Solicitó actuaciones en el marco de una investigación que se realiza en Capital Federal por la presunta comisión de delitos en el otorgamiento de becas para planes sociales que en gran parte solventa la Nación.
Las becas serían distribuidas entre más de un millar de personas. Se compensarían así favores políticos, se consolidarían alianzas y se contratarían punteros. Existen, por cierto, casos de trabajadores que efectivamente cumplen para el Estado tareas concretas, pero mantienen una relación laboral precaria. Su salario, desde hace años, se cancela a través de estas becas que en realidad deberían ir destinadas a otros fines, como la implementación de los programas de Acompañamiento Juvenil, Libertad Asistida, Madres Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios.
Funcionarios de distintos poderes, empleados de varios organismos, punteros políticos, referentes barriales de localidades, periodistas, dirigentes partidarios aliados al Gobierno. Todos ellos y muchas personas más conformarín la extensa lista de beneficiarios de becas de capacitación que instrumenta el Ministerio de Familia en Río Negro, con fondos nacionales y provinciales.
Perciben mensualmente entre 150 y 1500 pesos. Según la denuncia, algunos los suman a sus sueldos o dietas, muchos no cumplen ninguna labor para el Estado y otros reciben esos montos por desarrollar su trabajo -en reiterados casos sin relación a los planes específicos-, demostrando precarización laboral y un destino de los fondos que no se corresponde con las normas.
Solamente en 2008, Río Negro destinó a estas becas 30 millones de pesos, de los cuales 25 provienen de fondos nacionales. Los cinco millones restantes surgen de Rentas Generales. En el 2006, 12 millones fueron de Nación y el 10 % de eso de Provincia.
Los legisladores justicialistas Martín Soria y Carlos Peralta radicaron en febrero una denuncia penal ante el fiscal de la Ufises, Guillermo Marijuán. Están convencidos de que esos mecanismos burocráticos fueron la pantalla tras la cual se ocultó el financiamiento de la estructura política que ante cada elección sustenta alianzas, reúne adherentes para el trabajo en los barrios y sostiene el armazón sobre el que descansa parte del poder clientelar de la fuerza gobernante.
Recurrieron a la Justicia Federal porque parte de los fondos es remitido desde Nación, en el marco de convenios con el ministerio que encabeza Alicia Kirchner. Surge de la denuncia que, así como existirían usos indebidos de las partidas para becas de capacitación, también habría falta de control por parte de Desarrollo Social de la Nación. Hace un par de semanas una auditoría de esa repartición nacional recolectó datos sobre el tema -luego de que Marijuán le requiriera informes- en el edificio del ex Hotel Provincial de esta capital.
Ayer, el prosecretario Martín Sánchez radicó la denuncia, entregó documentación y pidió allanamientos en el Ministerio de la Familia en busca de documentos.
Los legisladores denunciantes informaron al fiscal que en lugar de las listas de los beneficiarios reales de esos planes, en las que figuran allegados al oficialismo rionegrino y que totalizan entre 844 y 1150 personas, se remitieron a Nación nóminas de menos de 50 personas encargadas de brindar las capacitaciones. Con ellas se pretendió rendir los fondos que ingresaron de Nación.
La denuncia original de Soria y Peralta -ampliada por Marijuán- dice que no existe correspondencia entre los beneficiarios de las becas de capacitación del Programa de Cuidadores Domiciliarios del periodo abril-octubre del año 2006 que lucen en la mencionada "Planilla Anexa II del Decreto Provincial 1539/06", respecto de los beneficiarios que bajo el mismo programa de capacitación figuran en el "Expediente 63715 Becas Capacitación: septiembre 2006".
Los datos fueron obtenidos por los legisladores desde el interior mismo del Ministerio de Familia. Esta información confidencial permite suponer que existiría una doble liquidación de gastos por becas de capacitación.
