¿Conseguirán los pueblos indígenas que se respeten sus derechos, que los Estados y las compañías que explotan los recursos naturales de sus tierras los tengan en cuenta?

Para la presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, la respuesta se reviste con una mezcla de preocupación y esperanza. "Con los préstamos que el Banco Mundial está dando a los países para salir de la crisis, para construir infraestructuras que pueden destruir algunos territorios y los estados queriendo fomentar la explotación de recursos, la crisis va a ser un desastre para los indígenas", apunta Tauli-Corpuz desde la sede de la ONU donde desde el 18 de mayo hasta este viernes se ha celebrado la octava sesión del Foro. En ella, 2.000 representantes de indígenas y diferentes organizaciones han debatido problemáticas como el impacto de las compañías extractivas de recursos naturales en los territorios propiedad de los indígenas.

Tauli-Corpuz, durante una pausa entre conferencias, explica a dpa que el Banco Mundial ha incrementado los créditos de 15.000 millones de dólares otorgados en 2008 a un total de 49.000 millones concedidos en 2009. "El Banco Mundial quiere contribuir a combatir la crisis y por eso ha dado esos préstamos", apunta. "Pero esto va a generar más corrupción entre los gobiernos, las infraestructuras que se hagan generarán polución e impactarán en el cambio climático, mientras que los Estados, para salir de la crisis, buscan la explotación de sus recursos naturales."

"Podemos anticipar que los problemas de los indígenas aumentarán y eso es una gran preocupación para nosotros", sentencia.

La crisis, dice, no sólo afectará de esta manera a la población indígena sino que los gobiernos "contribuirán menos a las agencias de la ONU y quizás eliminen de su prioridad la cuestión indígena". "Las agencias tienen que hacer ver que no funcionan para su interés, que tiene que haber más conciencia sobre la situación indígena entre su personal".

A pesar de esta situación, Tauli-Corpuz vislumbra cierto optimismo. Por una parte, con las acciones de algunos gobiernos ante la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por votación por la mayoría de Estados Miembros de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda votaron en contra. "Bolivia la adoptó como ley nacional y la incorporó en la nueva Constitución; recientemente Australia pasó de estar en contra a apoyarla, mientras que Colombia, que se abstuvo en la votación, ahora también ha mostrado su apoyo". "En términos políticos estamos viendo estos cambios, pero sobre el terreno necesitamos ver mucho más".

En este sentido, Tauli-Corpuz apunta que en una visita a Bolivia y Paraguay vio que el problema de la aplicación real de la declaración es la estructura política y económica instaurada. "Yendo a los departamentos ves que quien tiene el control sobre la zona son los propietarios, los que están en el terreno, no el gobierno federal".

"El gobierno central no tiene el control, ésta es la realidad". Al margen de la acción que puedan hacer o no los Estados o las empresas extractivas, Tauli-Corpuz apunta que donde hay esperanza es en las iniciativas de la propia comunidad indígena: "El optimismo viene de sus propias organizaciones, que están tomando forma y reforzándose para presionar a los gobiernos y poner, por ejemplo, demandas a nivel judicial". "Vamos a hacer talleres entre las comunidades indígenas para que conozcan la situación y sean más conscientes de lo que pasa".

"Veo esperanza".

Por Eva Font Mendiola (DPA)