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	Durante el juicio Martínez siguió con atención el relato de los peritos. La falta de acuerdo entre psicólogos y psiquiatras jugó a su favor.

ROCA (AR).- "Se equivocó, señor juez, usted se equivocó? yo confié en la Justicia y le dieron la razón a este delincuente? veo que la justicia está para hacerse por mano propia porque mi madre está muerta y este asesino hijo de puta quedó libre? Donde lo vea en la calle yo lo mato, total después me absuelven y listo, ¿qué le parece señor juez?". Dolor, incontenible indignación, profunda sensación de que no se hizo justicia. Así reaccionó el hijo de Rosa Martínez, la mujer de 78 años que fue asesinada en el barrio San Cayetano de Roca en diciembre de 2007. Fue ayer, cuando se dio a conocer la sentencia que absolvió, por dos votos contra uno, al acusado del asesinato, Víctor Martínez, de 82 años.

La otra cara de la moneda la expuso el presidente de la Cámara Criminal Nº 3, quien intentó explicar a los familiares los fundamentos del fallo: "Este es uno de los casos más complejos que ha tenido esta Cámara, tiene 90 páginas y no fue resuelto por unanimidad. Hemos fallado con absoluta responsabilidad? pero no se pudo establecer si el señor Martínez actuó en estado de emoción violenta o en estado de inimputabilidad penal, por lo que correspondió la absolución por el beneficio de la duda. Lamento muchísimo que lo tomen así, pero quiero que sepan que tienen la posibilidad de presentar una casación y de denunciarme a mí ante el Consejo de la Magistratura si consideran que he actuado mal?", sostuvo el camarista Carlos Vila frente a Rubén Ángel Barbosa (el hijo de la víctima), su mujer y otra integrante de la familia. El primero de ellos, además de presenciar el asesinato de su madre, resultó víctima de un intento de homicidio aquella trágica noche del 12 de diciembre, ya que Martínez le disparó en reiteradas oportunidades con su arma calibre 22.

¿Por qué quedó en libertad un hombre que tomó un arma y deliberadamente descargó todas las balas sobre dos personas? La explicación no es sencilla. Es que un delito, para que pueda condenarse a su autor, debe constituir una "acción típica, antijurídica y culpable". Según explicó el juez Vila, en este caso se cumplen los dos primeros requisitos pero aparecieron serias dudas y diferencias a la hora de evaluar el tercero: la culpabilidad del acusado. Eso derivó en la aplicación del principio constitucional "in dubio pro reo", conocido como "beneficio de la duda".

"Corresponde preguntarse: ¿Estuvo Víctor Martínez en condiciones de reconocer el injusto y, en tal caso, en qué medida?, y si le faltó esa comprensión ¿estuvo o no ausente su capacidad de conducirse? A estas cuestiones, sólo les pueden dar contundente respuesta los dictámenes psiquiátricos y psicológicos obrantes en la causa, que dicho sea de paso, no se han puesto del todo de acuerdo", reza la sentencia. Esa incertidumbre sobre qué ocurría al momento de los hechos en la mente de Martínez terminó definiendo la suerte del imputado.

El hijo de Rosa Martínez casi no pudo contener sus impulsos. Estaba a menos de dos metros del acusado cuando supo que quedaría en libertad. Un efectivo policial debió intervenir y el anciano fue sacado de la sala. Antes de retirarse, giró, miró a Barbosa y esbozó una sonrisa. Eso desató otra vez la desesperación del hombre, quien en un rapto de furia juró vengar a su madre.

Recurso de casación

Una vez recuperada la (tensa) calma, los familiares de la víctima fueron informados sobre las posibilidad de recurrir la sentencia a través de una casación ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Ellos no podrán por sí solos interponer el recurso porque no son querellantes. Será el fiscal de Cámara Eduardo Scilipotti quien deba plantear la casación dentro de los próximos diez días hábiles. "Ni siquiera contratamos abogado ni fuimos querellantes porque confiábamos en la justicia, teníamos plena seguridad de que lo iban a condenar", lamentó Barbosa.

A favor de la absolución por la duda votaron los jueces Carlos Vila y Aldo Rolando. Por la condena votó el juez Fernando Sánchez Freytes, quien pidió para Martínez una pena de cinco años de prisión. Los tres, sin embargo, acordaron someterlo a medidas de seguridad y prohibirle el uso y tenencia de armas de por vida.