SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal aprobó ayer una amplia moratoria para deudores tributarios, pero excluyó el blanqueo de construcciones antirreglamentarias que el Ejecutivo había incluido en el texto original.
El arduo debate abundó en referencias críticas sobre el manejo económico del municipio y también sobre el concepto mismo de la moratoria, que "convierte a los malos en buenos y a los buenos en tontos", al decir del edil socialista Francisco De Cesare. Aun con esos reparos, la iniciativa que concede quitas de intereses y honorarios a los incumplidores interesados en ponerse al día fue aprobada por unanimidad.
También quedó en el texto final el capítulo que prevé un tratamiento para los llamados "pequeños contribuyentes", quienes podrán saldar sus deudas en cuotas fijas de 50 pesos.
Este último régimen también suscitó cierta polémica luego de que Darío Rodríguez Duch dijera que a los vecinos sin recursos correspondía eximirlos de la obligación tributaria.
Finalmente los ediles de la oposición aceptaron votar el plan diferenciado pero antes acordaron que podrán acceder a ese régimen los contribuyentes cuyos ingresos familiares "no superen los 2.000 pesos", cuando en principio el intendente Cascón fijaba un límite de sólo 1.000 pesos.
Otro cambio que facilitó la aprobación fue el que obliga a determinar la condición de "pequeño contribuyente" mediante informe socieconómico de la secretaría de Desarrollo Social. El texto original reservaba esa potestad al secretario de Economía.
El mayor revés para el Ejecutivo fue la eliminación del polémico "título IV" del proyecto, que establecía descuentos y flexibilidades para inscribir obras no declaradas.
El beneficio alcanzaba no sólo a las construcciones sin permiso municipal sino también a las "antirreglamentarias". Según la redacción impulsada por el intendente, sólo les correspondía una multa a las que tuvieran más de 400 m2 edificados.
Según Duch, "existen fórmulas legítimas para conseguir fondos para el municipio, pero esta forma no es ni siquiera legítima". Alfredo Martín (Frente Grande) llamó la atención sobre el riesgo de regularizar obras antirreglamentarias, ya que podrían ingresar no sólo edificios excedidos en su metraje sino también "aquellos que no cumplan con las condiciones antisísmicas".
Arabela Carreras (SUR) se preguntó, por su parte, para qué exigir trámites especiales y audiencias públicas para los proyectos "especiales" o los que demandan alguna excepción, si les hubiera convenido construir igual y después acogerse al blanqueo. "Esto es dar señales equivocadas para la población en general", aseguró.
