VIEDMA (AV)- El sindicato de Viales de Río Negro continúa acumulando denuncias en relación a su actividad de venta de terrenos y gestión de viviendas, que se asemeja más a un rol de empresa inmobiliaria que al de un gremio que trabaja en beneficio de los trabajadores. Ahora el escándalo se trasladó a Regina, donde Sisvial hace dos años vendió a unas 86 familias lotes indivisos de una parcela que esa organización había adqurido con el objeto de urbanizar.
Las interesados le pagaron al sindicato que dirige Carlos Sansuerro un monto total de 10.000 pesos por cada terreno pero hasta la fecha nada hay del prometido barrio. La denuncia llegó a manos de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, que mañana a las 10.30 se reunirá con los afectados en el edificio donde funcionaba el Concejo Deliberante de esa localidad. Ese organismo analiza seriamente con la información recolectada presentar una denuncia penal para dilucidar los hechos.
El contrato que Sansuerro suscribió con cada uno de los compradores decía en su primera cláusula que "el Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales como organización intermedia gestionó y obtuvo del IPPV un crédito para la construcción de viviendas unifamiliares, el sindicato cede y el cesionario acepta de total conformidad un lote de terreno en la zona descripta precedentemente apto para construir según proyecto aprobado por operatoria del IPPV".
Sin embargo, ante el pedido de informes de la defensora, desde el instituto se respondió que "no existe convenio celebrado por el Sindicato de Trabajadores Viales y este organismo" para la construcción de casas en Regina. "Este Instituto informó que no se podía proceder a la aceptación de la fracción mencionada por tratarse de una parte indivisa", aclaró la asesora jurídica del IPPV, Ana Karina Sosa.
Esa situación también imposibilitó que el IPPV "solicite fuentes de financiamiento para ejecutar la obra que el gremio pretendía", manifestó la nota.
Pudo saberse también que el municipio de Regina no autorizó el plano de loteo presentado por el sindicato. Frente a este panorama algunas de las familias interesadas se presentaron ante la defensora al sentirse estafadas, según expresaron en la nota que da inicio al expediente.
Irene Castro es una de las perjudicadas por esta situación. En diálogo con "Río Negro" indicó que "estamos a tiempo de reclamar y recuperar el terreno, el dinero no lo queremos, porque pagamos $ 10.000 que ahora no nos alcanzan para nada", indicó molesta por lo que ella considera un fraude a sus expectativas.
Expresó la mujer que "una vez que los terminábamos de pagar, se tenían que empezar a construir las viviendas y una vez consturídas empezábamos a pagarlas al IPPV. Pero han pasado dos años y no hay novedades de nada"
"Es preocupante porque nosotros somos jóvenes y estamos alquilando. Nosotros no queremos la plata queremos nuestro terreno. Si Sansuerro tuviera dignidad daría la cara, haría una reunión y nos explicaría. Es nuestro hogar, nuestro techo para nuestros hijos, que dignamente pagamos peso por peso", acusó.
