El gobernador Saiz subestima la inteligencia de los rionegrinos cuando anuncia que su sueldo de 7.013 pesos brutos será el tope salarial para los agentes públicos.

Por varias razones.

Primero, porque ni él ni sus ministros perciben esos montos por la tarea que desarrollan.

¿Alguien se imagina que la vida de un ministro y su familia puede solventarse con 5.500 pesos netos al mes? ¿Alguien piensa que Saiz mantiene a sus hijos estudiando afuera, paga los impuestos de su casa y sus autos en Roca y se da los legítimos gustos que todo mortal pretende recibiendo sólo unos 6.400 pesos en el bolsillo cada 30 días?

La simple respuesta a estas preguntas conduce al secreto a voces de la esfera gubernamental: los sobresueldos.

Desde el inicio de la gestión, ministros y secretarios perciben sumas fijas de entre 1.500 y 2.000 pesos -según el rango- como complementos a sus remuneraciones. Esas sumas están institucionalizadas en el presupuesto de la Secretaría General, en el rubro Gastos No Específicos.

Pero el problema no se centra en el brote de un gobernador que intenta mostrarse a tono con el "ajuste", sino en el riesgo de legitimar la baja calidad de los funcionarios a partir del sueldo.

Saiz no debería ganar 7.000 pesos. Su remuneración debería ser -como mínimo- el doble de esa cifra. Lo mismo para sus colaboradores directos.

Claro que la justa retribución elevaría la cuota de compromiso con la función pública.

El sobresueldo no tendría lugar. El pudor se impondría ante varios pedidos de viáticos o gastos reservados. Con sueldos a medida de la responsabilidad, si alguien pidiera un soborno lo haría motivado sólo por su espíritu corrupto. Nunca por necesidad de completar una ganancia que el Estado no garantiza por derecha.

Saiz no puede limitar tan pronto las expectativas de los rionegrinos que todavía aspiran a encontrar en el gobierno funcionarios probos, con experiencia y vocación de servicio. Si estuviese realmente decidido a cumplir el anuncio del martes, el resultado sería nefasto. En principio, habría que clausurar cualquier posibilidad de un cambio en el gabinete. ¿Quién aceptaría ser ministro o secretario a cambio de 4 ó 5.000 pesos mensuales? Seguramente nadie con calidad profesional.

¿Y las empresas públicas? ¿Cómo hará Saiz para decirle, por ejemplo, a los expertos del Invap, reconocidos mundialmente por sus logros, que desde ahora tendrán que conformarse con unos 5.000 pesos? ¿No se arriesgaría a numerosas demandas judiciales por el recorte en los sueldos?

Los funcionarios recibirían la suma que les corresponde si hubiese coraje para tomar la decisión y firmeza para ordenar el caos de las cuentas públicas. Además, con buenos sueldos, detrás del que no cumpla los objetivos habría una larga lista de aspirantes a sucederlo.

Así como la anunció el gobernador, la medida es imposible de poner en práctica.

¿Por qué lo hizo? Hay dos posibles explicaciones: sus palabras forman parte de una demagogia efímera o tiene decidido condenar a la provincia al gobierno de los ineficientes.

HUGO ALONSO

halonso@rionegro.com.ar