VIEDMA (AV)- El fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, busca determinar si existió responsabilidad de funcionarios rionegrinos al permitir que la firma Flavors y Cía SA siguiera vinculada comercialmente con el Estado Provincial sin contar con la correspondiente póliza de caución.
El titular de ese organismo de control junto a su equipo de trabajo pudo determinar que desde el momento que finalizó el contrato formal de la licitación para la provisión de alimentos preelaborados, que fue automáticamente prorrogado con el mismo proveedor, la compañía que posee su planta radicada en General Conesa no renovó el seguro obligatorio.
La última cobertura con la que contó Flavors y Cía fue extendida por Prudencia Seguros, por un monto total de 6 millones de pesos.
Anteriormente había convenido con la empresa estatal rionegrina Horizonte, por montos menores.
Berraz investiga también si esa inexistencia de póliza provocó algún perjuicio económico al Estado, más allá de significar una clara irregularidad en el marco de cualquier contratación pública.
El fiscal de Investigaciones Administrativas admitió a "Río Negro" que Flavors y Cía no contó con póliza de caución por lo menos durante un año, que coincidió con el período en el que el contrato de la licitación había perdido vigencia y se había prorrogado por parte del Ministerio de la Familia.
"El riesgo es que si, por ejemplo, alguna de esas galletitas que aparecieron con alambre o uno de esos alimentos con falencias ocasionaba algún problema de salud a algún beneficiario del plan, de los comedores o a algún alumno, la Provincia quedaba desprotegida frente a cualquier acción legal", ejemplificó el fiscal Berraz.
El funcionario pretende saber además si existieron responsables de organismos públicos, tanto en los ministerios contratantes, en los que se encargaron de los procesos licitatorios o en los que pagaron por la provisión de los alimentos que tuvieran conocimiento de que Flavors no contaba con seguro, o que al menos hubieran tenido obligación de estar enterados de la situación, y no hayan tomado las medidas correspondientes.
Exenciones impositivas
Por otro lado, Berraz ha reunido importante información a partir de los expedientes elaborados por el legislador Luis Bardeggia acerca de las exenciones impositivas de las que fue objeto Flavors durante varios años que le permitieron no pagar millonarias sumas en impuestos provinciales y sellos.
En los últimos días el fiscal de Investigaciones Administrativas se reunió con referentes de la Unter que le pidieron que actúe en referencia a las denuncias que durante el pasado año realizó la defensora del Pueblo,Ana Piccinini, muchas de las cuales fueron ratificadas en la presentación de su informe anual en la Legislatura rionegrina. Berraz le respondió a los docentes que se encuentra trabajando en muchos temas, pero reconoció la dificultad que implica investigar casos de posible corrupción por cifras millonarias, con un presupuesto que apenas alcanza los dos millones anuales.
