WASHINGTON (AP) _ El gobierno de Barack Obama hizo a un lado el velo de misterio sobre décadas de secretos heredados del gobierno de George W. Bush, dando a conocer documentos de atribución de poderes excepcionales para el registro e incautación de bienes, u otros según los cuales la CIA destruyó unas 100 grabaciones de interrogatorios.
Otros papeles dan información sobre el trato dado a supuestos terroristas. El Departamento de Justicia dio a conocer nueve documentos que indican que luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Bush determinó que ciertos derechos constitucionales serían ignorados durante las acciones posteriores.
Apenas dos semanas después, los asesores legales del gobierno ya estaban probando mecanismos para grabar conversaciones telefónicas en Estados Unidos sin mediar órdenes judiciales. Con el tiempo, el gobierno de Bush cambió de parecer en varias instancias, pero los documentos fueron mantenidos en extrema reserva.
Al darlos a conocer, el presidente Obama continuó con el proceso de sacar al aire algunas de las políticas más controvertidas del gobierno anterior. "Muchas veces durante la pasada década, la lucha contra el terrorismo fue considerada como una batalla en la que sólo puede haber un ganador contra nuestras libertades civiles´´, dijo el secretario de Justicia Eric Holder, en un discurso previo a la divulgación de los documentos. "Esa escuela de pensamiento no sólo es completamente infundada, sino que temo que en la actualidad tiene más resultados malos que buenos´´, indicó.
El gobierno de Obama también reconoció ayer en documentos judiciales que la CIA destruyó 92 videos relacionados con sospechosos de terrorismo, incluyendo interrogatorios, en un número mayor al conocido previamente.
Los demócratas en el Congreso y otros sectores críticos afirman que algunas de las técnicas empleadas a los interrogatorios equivalían a actos de tortura, lo que ha sido rechazado anteriormente por Bush y funcionarios de su gobierno. El nuevo gobierno prometió el lunes empezar a entregar documentos relacionados con los vídeos a un juez federal y hacer pública la mayor información posible.
Los documentos, recomendaciones escritas por la Oficina de Asesoría Legal de Bush, dejan entrever a un gobierno que trata de decidir cómo responder a la guerra contra el terrorismo en un mundo que cambia rápidamente. Su conclusión, reiterada en muchas páginas de documentos, es que el presidente tiene una autoridad amplia para hacer a un lado los derechos garantizados por la constitución.
