Todo indica que se consumó la farsa del laudo frutícola. Debió pasar un mes para que se pusiera en papel lo que ya era evidente: que el aumento del 29 % para los embaladores de fruta estaba "cocinado" entre el ministro Carlos Tomada, su amigo el intendente Alberto Weretilneck y el titular del gremio de la Fruta, Rubén López. Un guiño cómplice convalidado por otros intendentes y hasta los gobernadores de la región, que dieron "garantías" de que todo saldría como el sindicato lo esperaba. Era una forma de convencer al gremio de que abandonara el sofocante paro que, de todos modos, terminó generando graves perjuicios al proceso de la fruta.

Este diario lo dijo así el 27 de enero: "Las cosas deben ser puestas en su lugar. Aquí no se establecerá ningún laudo como se quiere hacer creer. Se aceptarán lisa y llanamente las últimas exigencias comunicadas por el gremio de la Fruta. Los naipes están marcados".

No podía ser más grotesca esta maniobra.

Por una parte, sale el laudo a sólo dos días de que asumiera la nueva árbitro de Nación. Mercedes Gadea fue designada tras la escandalosa renuncia del primero -Leonardo Ambesi- en el mismo momento en que CAFI advirtiera -tardíamente- sobre la posibilidad de un fraude. ¿Cómo es posible analizar en horas un expediente de 800 páginas? ¿Dónde está el análisis cuidadoso de argumentos de las partes? ¿Cómo un primer arbitraje tardó casi un mes y el segundo sólo pocas horas, cuando no acababa de transcurrir el plazo de impugnación de la mediadora? ¿Cómo se explica que un laudo surja el mismo día en que el titular del gremio presionaba en Buenos Aires, cuando se supone que era la etapa de espera y prescindencia?

La puesta en escena que se hizo es otro golpe a la seguridad jurídica en el país y un pésimo precedente institucional. Un mecanismo de laudo implica que las partes confían en someterse a un arbitraje basado en criterios de equidad. La imparcialidad es una exigencia ética para el mediador y su obligación es mantenerse neutral respecto de las partes en conflicto. Así hay confianza para llevar adelante el proceso con confidencialidad en el manejo de la documentación.

El fiel de la balanza de la Nación se recostó groseramente en favor de uno de los sectores por mezquinos aprecios políticos. Este escándalo debe ser investigado.

También es tosco el resultado del laudo. Establecer un porcentaje que salta casi 10 puntos por sobre lo que los gremios nacionales definían en paritarias es no sólo burdo; también irresponsable. Hoy el universo gremial y empresario se encuentra frente al sacudón informativo del 29% que sienta un antecedente para las próximas discusiones salariales, en un país -un mundo, en realidad- que hace equilibrios entre los actores de la producción. Hasta el mismo Hugo Moyano y su gente de la CGT se daban cuenta de que pretender subas base como el año pasado (19%) podía significar una bomba de tiempo y que lo máximo a que podrían aspirar es al mantenimiento de empleos.

Tamaña concesión, hecha nada menos que por la máxima autoridad nacional (ni Moyano ni nadie habían tenido jamás este privilegio) distorsiona un eje racional de debate. De cara a las grandes paritarias que aún no han comenzado, coloca a los gremios en situación de exigir porcentajes similares.

Salvo por esa extraña vocación de crearse problemas, es difícil entender la actitud de la administración Kirchner, que venía demandando moderación de los líderes gremiales frente a un horizonte económico brumoso.

ÍTALO PISANI

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