NEUQUÉN (AN/ACE).- "Vamos a atacar la sentencia globalmente, y estudiamos hacer una queja aparte y directa ante el tribunal para obtener la prisión domiciliaria", dijo Horacio Garcete, integrante del equipo de defensores públicos que representa a los tres jefes militares que recibieron las máximas condenas en el juicio por los secuestros y torturas en el centro clandestino en 1976.
Los militares retirados esperaban el juicio en sus casas hasta que se inició el juicio: Oscar Lorenzo Reinhold (74) y Mario Gómez Arenas (78) en Buenos Aires, y Luis Alberto Farías Barrera (79) en su departamento de Alta Barda. Actualmente los dos últimos están en la U5 de Roca, mientras Reinhold fue trasladado al penal de Marcos Paz.
"De la lectura de la sentencia se desprende que se revocó el beneficio de la prisión domiciliaria que tenían nuestros defendidos hasta antes que se iniciara el juicio; esto nos genera un agravio porque su situación procesal es la misma que resolvió la Cámara de Roca -que les otorgó la prisión domiciliaria- antes de que se iniciara el juicio, ya que una sentencia que no está firme no supone una agravamiento con la ejecución en una cárcel, que es lo que está ocurriendo", planteó. Garcete dijo que la calificación de lesa humanidad por la que se condenó a Reinhold, Gómez Arenas y Farías Barrera "tuvo como consecuencia el juzgamiento luego de 30 años, pero un condenado por delitos de lesa humanidad sin sentencia firme -subrayó- no conlleva el desconocimiento de otros derechos como el régimen de detención domiciliaria; esto va a contrapelo de la doctrina y ha sido una sorpresa; por eso vamos a ir en queja".
Garcete y Eduardo Peralta -jefe del equipo de la Defensa Pública en este juicio- presentarán la apelación en la Cámara de Casación Penal antes del 20 de febrero. Analizaban si, aparte, presentarán otra queja en busca de obtener la prisión domiciliaria mientras tramita la apelación de la condena. Para Garcete, el juicio fue una instancia histórica y los fundamentos conocidos el viernes "tienen un sustancioso sustento jurídico, no es antojadizo ni arbitrario; pero con una lógica jurídica diametralmente opuesta a la nuestra, en especial en cuanto a la detención".
La Defensa Oficial de Reinhold, Farías Barrera y Gómez Arenas no reivindicó el terrorismo de Estado ni planteó la prescripción de los delitos cometidos como lo hicieron el resto de los defensores; aunque sostuvieron que debieron ir antes a juicio y que las pruebas existentes eran insuficientes para una condena.
El "Colorado" Reinhold y el mayor Farías Barrera fueron la cara visible de la represión de la dictadura en el Alto Valle, porque ante ellos iban al Comando las mujeres, hermanos y madres para interceder por sus familiares desaparecidos cuando permanecían en el centro clandestino tras ser secuestrados; en tanto Gómez Arenas dirigía lo que pasaba en "La Escuelita", y tenía bajo su mando a los torturadores y a varios procesados que fueron reconocidos por las víctimas como los integrantes del grupo de tareas, como Raúl Guglielminetti.
En el juicio los testimonios fueron desgarradores sobre la ferocidad de la mirada de Reinhold, que le llegó a decir a la mujer de Rubén Obeid que su esposo se iba a "pudrir en la cárcel" por ser "ideólogo" de la subversión.
