ROCA (AR).- En un plazo no mayor a los cinco días, el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema), el municipio y la empresa Ferrosur Roca S.A., deberán responder un informe al Superior Tribunal de Justicia sobre los estudios de impacto ambiental que se elaboraron en torno a la actividad que se está desarrollando en la planta de carga y descarga de yeso que se montó en J.J.Gómez.
La resolución fue firmada el 16 de enero por el presidente del STJ, Alberto Balladini, aunque recién ayer las partes fueron notificadas de la medida.
El escrito intima en primer término al presidente del Codema, Oscar Echeverría, a informar sobre los estudios de impacto y calidad ambiental respecto a la radicación de la playa de maniobras de carga y descarga de yeso que la empresa Ferrosur Roca S.A. puso en funcionamiento en el barrio de Gómez.
Pero también deberá entregar un escrito con los antecedentes de lo sucedido en la ciudad de Allen, donde justamente el organismo rionegrino, decidió suspender las actividades mineras en ese lugar, como consecuencia de los problemas que generaba en el medio ambiente.
La solicitud también fue girada al municipio de Roca, donde además de los estudios de impacto ambiental, también se deberá presentar los antecedentes y todas las normativas que rigen en esta ciudad con respecto a la radicación de este tipo de emprendimientos.
La intimación a través de una cédula judicial, que deja expresamente aclarada su habilitación para la Feria Judicial (por lo que se deberá presentar en el plazo establecido) también fue elevada a las autoridades de la empresa Ferrosur, quienes deberán responder en los mismos términos la información solicitada por el titular del STJ.
Mandamus
Sobre fines de 2008, los vecinos presentaron un Mandamus al máximo organismo judicial de la provincia, donde solicitaban su intervención a raíz del impacto ambiental que había provocado la playa de maniobras de carga y descarga de yeso.
Si bien en un principio los magistrados del STJ entendieron que no era competencia de ese organismo, finalmente hicieron lugar al pedido del abogado Oscar Pineda, quien patrocina a los ocho habitantes que presentaron el recurso.
La instalación de la planta en la zona de Gómez surgió luego de que el Codema clausuró la playa de acopio en la ciudad de Allen, tras un reclamo histórico realizado por los vecinos de esa ciudad.
Pero los cuestionamientos se trasladaron a Gómez ya que el municipio autorizó temporalmente la actividad, siempre y cuando la empresa adopte una serie de medidas para mitigar el impacto ambiental.
Ahora se espera que el Superior Tribunal de Justicia reciba la información solicitada a los distintos organismos, y luego elabore una resolución en torno al polémico tema.
