La abogada Ana Calafat, opinó que "lo ideal sería que ni siquiera existan los asentamientos, que el gobierno garantice el acceso a la vivienda estipulado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en el Tratado Internacional de Derechos Humanos, al que adherimos". Sostuvo que ella no alienta ni aplaude las tomas pero sí manifestó que es necesario que alguien defienda los derechos de las personas de bajos recursos.

Al respecto, la letrada afirmó que "no hay una política pública de viviendas definida a nivel provincial, ni municipal". Además, fue crítica con los funcionarios al afirmar que no dan respuestas a los sectores humildes "y me animaría a decir que tampoco lo hacen con la clase media, cada vez es más difícil acceder a una casa propia". Sobre esto brindó el ejemplo del IPPV, el cual establece como sueldo mínimo para anotarse a un plan 1.500 pesos de haber.

Al recordar la compra de un terreno para los ocupantes de la toma "Nehuén" Calafat destacó que "esta decisión demuestra que el Estado puede tener una política habitacional pero ¿tiene que ser después de los asentamientos? ¿No tendría que ser una política prevista y planificada?". Además, afirmó que los gobiernos de turno no desconocen la demanda de la gente, lo que ocurre es que no actúan a tiempo.

"Las tomas no son un fenómeno simplista, todos los seres humanos necesitamos ocupar un espacio, y esta gente ha agotado miles de posibilidades y la última opción que les queda es instalarse en un lugar que no le es propio", concluyó la abogada. (AR)