El próximo presidente del STJ, Luis Lutz, consideró que hay demasiada crispación en el poder y llamó a los protagonistas a tranquilizarse.
Lutz -que reemplazará a Alberto Balladini en la conducción del STJ- pidió prudencia en el uso de los amparos para cumplir decisiones gubernamentales y, en cambio, entendió que la Legislatura debería trabajar en sanciones para funcionarios que incumplan sus funciones. "La penalización debe ser el último recurso, si no, todos los funcionarios terminarán procesados o presos".
En diálogo con "Río Negro", el magistrado consideró que la provincia debe avanzar en un "gran acuerdo para consensuar el modelo de justicia, porque el que tenemos es insatisfactorio". Hay que "profundizar el diálogo con los operadores del sistema, como magistrados, funcionarios y empleados, a partir de los colegios y del gremio". Habló de una "comunicación permanente con la Legislatura" y otras instituciones del Estado como la Policía.
-Hay preocupación por los excesos de amparos frente a las obligaciones del Ejecutivo. Se habló de reglamentarlos.
-Hay que realizar un uso racional. No desnaturalizarlo. Hace a la prudencia de los jueces. La crisis determinó que el amparo cumpliera un rol importante, pero no se puede vivir de amparos. Sería importante ocuparse de la responsabilidad de los funcionarios públicos que no cumplen y el legislador debería poner atención en esto. Si un funcionario no cumple está generando un daño a un ciudadano, a un sector o al conjunto, y debe ser sancionado.
-¿Lo plantea como un objetivo del legislador y no del juez?
-Sí, el legislador debería crear normas para sancionar al funcionario que no cumpla. No es bueno penalizar (incumplimientos de deberes de funcionario público) y, si vamos a penalizar, estarán todos procesados o presos. Hay que disciplinar, poner orden y que cumplan con lo que corresponde.
-El gobernador Saiz denunció un plan de desestabilización y argumentó irregularidades en un allanamiento penal.
-El gobernador es un ciudadano y puede hacerlo. No tenemos que sentirnos agraviados sino que hay que hacer las cosas bien. Están los ámbitos para cuestionar a un juez, pero adquiere un perfil distinto si afecta la división de los poderes. No quiero hablar del caso, pues anticiparía opinión cuando podría tener que actuar en el tema. Estos procesos de judicialización de la política...
-¿Liga todo a la política?
-Hay un estado de crispación de los protagonistas. Hay que serenarse un poco. Usar Lexotanil, porque muchos están anticipando los tiempos políticos. Hay mandatos por cumplir. Tensan a los jueces cuando no podemos ni debemos dar respuestas. No hay gobierno de los jueces.
-Habla de canales de diálogo. ¿Lo plantea en este ámbito?
-Sí, pero no para meternos en la cuestión política. Sí hay que restablecer algún tipo de comunicación y activar las relaciones con la Legislatura y los legisladores, y también una nueva relación con la policía, que debe alinearse en papel de auxiliar del Poder Judicial. Cada uno debe asumir el rol que le cabe. Rechazamos el proceso de politización de la Justicia.
-¿Una protagonista esencial es la Defensoría del Pueblo?
-Lo he dicho en fallos anteriores. Tengo buena relación y amistad con (Ana) Piccinini y quiero diferenciar a la persona de mi visión de la Defensoría. El constituyente de 1988 la diseñó para determinadas funciones. Pero no quiero involucrarme más para no aportar al estado de crispación. No es bueno que el presidente hable de un conflicto político o de determinado funcionario.
-¿La Defensoría no habrá desnudado incumplimientos de otros órganos de control y de la Justicia? No es nueva la visión de que la Justicia no avanza contra el poder o los poderosos.
-Es probable, pero tiene que ver más con falencias. Hay situaciones y funcionarios judiciales que no están a la altura de las circunstancias. No lo están frente a los poderosos ni lo están con los débiles: con todos.
