NEUQUÉN (AN/ACE).- "Estamos protagonizando un momento histórico", dijo Pedro Justo Rodríguez, ex secretario de Gobierno de Cinco Saltos en 1976 que fue detenido, secuestrado y torturado en el centro clandestino de Neuquén.
"Perico" Rodríguez amplió la semana pasada su declaración en el juzgado federal y presenció las últimas jornadas del juicio en el que fueron condenados de 20 a 25 años de cárcel siete jefes militares y a 7, el suboficial de inteligencia.
Estaba citado como testigo en setiembre, pero se excusó por razones laborales en Londres, donde trabaja en una fundación médica especializada en la atención a las víctimas de la tortura.
Su denuncia integró los 39 hechos que forman parte del segundo juicio de La Escuelita, con 28 procesados del Ejército, inteligencia militar y retirados de la policía rionegrina.
"Perico" fue detenido y puesto a disposición del PEN unas semanas después del golpe militar. Durante tres años estuvo en distintos penales como preso político y cuando estaba en Rawson fue retirado por el mayor Luis Alberto Farías Barrera en una comisión de inteligencia del Ejército para ser llevado luego a la tortura en los fondos del Batallón 181, en Neuquén. Este episodio fue una de las pruebas presentadas por el querellante Francisco Ledesma, uno de los 17 denunciantes en el juicio que terminó el jueves.
"La importancia de este juicio es que, cualquiera sea la sentencia (la entrevista fue hecha antes del veredicto), se garantice la continuidad de la seguridad jurídica de los ciudadanos".
Insistió en que "fue un proceso serio, juzgado sin leyes de amnistía, y significa que es jurisprudencia; no quita que mañana a un coronel se le ocurra hacer un golpe de Estado, esta sentencia es garantía jurídica: aquí estoy pidiendo que se accione una justicia preexistente de la que soy protagonista en la forma más encausada e institucional posible", dijo.
Agregó que al hablar con compañeros de militancia (PJ) con los que se reencontró en este viaje entendió que "este juicio va a producir un cambio significante en la vida institucional de nuestra patria", equiparable a la importancia institucional del Juicio a las Juntas que se llevó a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Desde que salió exiliado fue partícipe de las campañas de Amnesty en contra del avasallamiento de los derechos humanos en Argentina, participó de los foros internacionales como testimonio viviente de la persecución y tortura de la dictadura e integró campañas de denuncia por los desaparecidos.
Pero hasta el 2006, que testimonió en el juzgado federal de Neuquén, no se explayó sobre lo vivido en "La Escuelita" y en las prisiones de la dictadura.
"Comencé a retomar mi historia cuando tuve la certeza de que iba a haber un juicio serio que podría producir un cambio en la vida institucional de nuestra patria. Ahí pensé que tenía objeto reconstruir la historia con un testimonio que sirviera como base de una acusación, que después los acusados podrían o no defenderse si querían", detalló.
Sintió la necesidad de contestar los argumentos que escuchó de uno de los defensores (Hernán Patricio Corigliano), que dijo que sus defendidos eran mártires y que el juicio era una "revancha" de "los montoneros que hoy están en el poder", entre otras cosas, y respondió que "este juicio no era una venganza sino un afianzamiento de lo jurídico. Si lo dijo como una argucia legal, es entendible, pero como ser humano es aterrorizante que piense de esa manera, tiene ideas terribles. Aun en el caso de que fuéramos criminales, se debía juzgar con las herramientas legales", finalizó.
