Cuando el gobierno español anunció hace cuatro meses su intención de ofrecer a los inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo un plan de retorno voluntario a sus países, se habló de un millón de personas interesadas en esa iniciativa. Hace dos semanas, cuando José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la medida, el ministro de Trabajo rebajó esa cifra a 87.000.

Pero muy pocos de estos potenciales beneficiarios del plan de retorno piensan acogerse a él, ya que el incentivo que ofrece el gobierno, que consiste en pagarles de una sola vez el subsidio de desempleo, les parece más que insuficiente. Y el precio a pagar resulta muy alto, ya que tendrían que renunciar a sus permisos de trabajo y residencia en España y comprometerse a no volver hasta dentro de tres años, sin garantía de poder hacerlo.

Aunque sin trabajo, en su mayoría los inmigrantes siguen estando mejor en España, cobrando el subsidio del desempleo ("paro"), que en sus países. "Yo echo de menos muchísimo mi país, pero después de los sacrificios que me costó llegar aquí, tendría que estar muy pero que muy mal para regresar", dice Lina, una colombiana de 45 años que llegó a Madrid en 1999 tras enviudar en su patria. Su trabajo de camarera lo perdió hace algún tiempo, pero con lo que cobra de subsidio le alcanza para pagar la habitación que comparte con una compatriota y para enviar "algún dinerito" a sus dos hijos, que siguen en Colombia.

Además, Lina está segura de conseguir trabajo pronto. "Yo me amaño con todo. Si no consigo nada como camarera, hago limpieza o cuido niños", relata.

Muchos piensan como ella. La asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, que representa al mayor colectivo latinoamericano en el país (unas 420.000 personas), calcula que a sus compatriotas desempleados les corresponderían unos 7.000 euros si se acogen al plan . "Eso no cubre, ni de lejos, las necesidades de familias que lo vendieron todo para poder venir a España. Por mucho que la situación económica empeore aquí, siempre será mejor que en Ecuador,a corto plazo", dijo su presidenta, Dora Aguirre. (DPA)