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	Piccinini y el apoderado de Flavors, Miguel Cardella, cruzaron acusaciones. "Éste es un plan B", argumentó la defensora del Pueblo sobre Esenciar.

VIEDMA (AV)- A pesar del pedido de suspensión del Registro de Proveedores de Río Negro que el fiscal de Investigaciones Administrativas Pablo Berraz elevó al Ministerio de la Familia el miércoles a última hora, (ver aparte) ayer la cuestionada empresa Flavors y Cía SA se presentó en las dos licitaciones, por un monto total de alrededor de 150 millones de pesos. Busca seguir proveyendo al Estado provincial los alimentos destinados a los refrigerios, residencias y comedores escolares y para los módulos del plan Comer en Familia.

Otra firma, Esenciar SRL, calificada por su socio-gerente y apoderado Alejandro Zungri como una "micropyme", también se presentó en este controvertido proceso licitatorio, que ayer tuvo uno de sus momentos más trascendentes al producirse la apertura de los primeros sobres con la capacidad técnico-financiera y antecedentes empresariales de ambos oferentes.

En caso de que la asesoría legal del Ministerio de la Familia considere admisibles las propuestas, las carpetas pasarán a manos de la Comisión Evaluadora. Para más adelante -tal vez en semanas- quedará la apertura de los sobres con la propuesta económica de estas dos firmas.

Todas las miradas estaban puestas ayer en la actitud que asumiría la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien había anunciado su presencia en la Dirección de Suministros para impugnar la presentación de Flavors. La funcionaria asistió e impugnó el proceso, aunque no sólo a la actual proveedora de alimentos, sino también a la otra oferente, cuya participación calificó como "al menos sospechosa". Piccinini pidió que no sea tenida en cuenta porque no tiene contrato constitutivo, no está en el Registro de Proveedores y su objeto social no es la producción de alimentos sino de aceites esenciales y sabores.

La apertura de sobres fue por momentos escandalosa, tensa y desprolija. Si no fuera porque en ella se empieza a definir cómo se proveerá de la leche a los alumnos de las escuelas rionegrinas y de alimentos básicos para miles de familias carenciadas de la provincia y que se ponen en juego 150 millones de pesos del erario público, podría decirse que fue casi cómica.

No obstante, el procedimiento fue también inédito. La enjundia de la defensora para acceder a las carpetas y la amplia cobertura mediática permitieron a la población y a los periodistas presentes conocer los detalles de esta licitación que cada vez requiere de mayor transparencia, frente la innumerable cantidad de interrogantes que se han generado en los últimos meses acerca de la calidad de los alimentos, de la solvencia de la actual adjudicataria y del rol del gobierno en este controvertido proceso.

De la documentación que presentó Flavors y Cía SA se desprende que sus únicos antecedentes comerciales son los que la vinculan con la provincia de Río Negro certificados por el propio coordinador del Plan Comer en Familia, Juan Carlos Peña. Piccinini volvió a cuestionar que el empresa insista con "falsear información trayendo el listado del Registro de Productos Alimentarios de San Luis, homologado por la actual ministra de Salud, Cristina Uría". Debido a las consecuencias que esa homologación puede generar, la defensora pidió la renuncia de la ministra y la denunció públicamente por supuesto incumplimiento de sus deberes.

No bien se abrió el sobre de Flavors, la defensora pidió que no fuera aceptado y leyó la nota del fiscal Berraz. Pero el director de Suministros, Miguel Parra, a cargo del acto administrativo, le aclaró que aunque él había ya recibido la notificación, la participación de Flavors no podía ser objetada sin una suspensión definitiva. La defensora calificó el acto como "abstracto" y solicitó su total impugnación. Quedará ahora en manos de los asesores legales del Ministerio de la Familia considerar si las empresas son o no admisibles, y luego de la Comisión Evaluadora -integrada por funcionarios de diversas áreas- si se procede o no con la apertura de las ofertas económicas que quedaron a resguardo hasta que se defina el complejo trámite.