El gobierno reiteró ayer acusaciones contra grupos de izquierda por los incidentes ocurridos en las estaciones Castelar y Merlo de la Línea Sarmiento, quienes respondieron con una querella contra el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.
Mientras tanto, siete personas permanecían ayer detenidas por los disturbios.
El impacto negativo que origino la furia contra la precariedad del sistema ferroviario en el conurbano obligó a una referencia de la presidenta Cristina Fernández, ya que aludió al incendio que afectó el jueves a ocho vagones: "Todos tenemos que ponerle el hombro a la Argentina. Agraviando, insultando o incendiando nadie resuelve nada", dijo en declaraciones realizadas en Arroyo Seco, Santa Fe.
Aníbal Fernández manifestó que presentará ante la Justicia videos en los que "tenemos demostrado que no sólo hay gente del movimiento de Pino Solanas, también está la gente del MST y del PO. Están en el momento que están los desmanes".
"Hasta ahora lo único que encuentro es el conflicto por el conflicto mismo, la situación es la de un desquicio sin sentido", expresó el funcionario en declaraciones a las radios América y Mitre.
Fernández reiteró que el militante del Partido Obrero, José María Escobar, "es el que estaba al frente en (la estación) Merlo", y dijo: "Nosotros tenemos las filmaciones. Haremos presentaciones para que la justicia las evalúe".
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, expresó que "todos los elementos conducen a que hubo un sabotaje" en las estaciones Castelar y Merlo, y afirmó: "Esperemos que actúe rápidamente la Justicia. Esto fue una barbarie, porque se puso en riesgo la vida de mucha gente".
El funcionario atribuyó los incidentes a un conflicto entre delegados gremiales y dueños de la empresa de Colectivos Urbanos de la Zona Oeste (ECOTRANS), perteneciente a Claudio Cirigliano, también propietario de Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la ex Línea Sarmiento.
Jaime manifestó que el militante del PO, José María Escobar, acusado por el gobierno como la persona que dirigió los incidentes, "hizo referencia en medios periodísticos que existe un gran malestar en contra del grupo Cirigliano".
El secretario de Transporte dijo que gremialistas del PO están "motivados a tratar de echarlo (a Cirigliano) de la concesión de TBA, para luego pasar a ser manejada por el movimiento obrero" y afirmó que "está absolutamente claro cuál es el móvil para haber generado semejante barbaridad, poniendo en riesgo a la gente".
Los dirigentes del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Vilma Ripoll y Gustavo Giménez, presentaron una querella contra Aníbal Fernández por presuntas "calumnias e
injurias" ante el Juzgado Correccional 2, a cargo de la magistrada Graciela Angulo, confirmaron fuentes judiciales.
"Aníbal Fernández se refirió de modo malicioso, falaz e intencional afectando el buen nombre de nuestro partido que siempre pregonó el derecho de los usuarios de ferrocarriles en forma digna, como el de los empleados a contar con condiciones de seguridad", expresaron los dirigentes en la querella. En ese sentido, afirmaron que el ministro "tildó a nuestra organización y sus militantes de delincuentes, vándalos, y saboteadores". Por su parte, "Pino" Solanas, presentó una carta ante el ministerio de Aníbal Fernández en la que "intimó" al funcionario para que "ponga los nombres de los militantes políticos o del Proyecto Sur" que dijo participaron en los actos de vandalismo. (DyN y Télam)
