LA PAZ.- La oposición política boliviana en cinco departamentos (provincias) del país rechazó el referéndum para aprobar o no la nueva Constitución, convocado sorpresivamente en la madrugada de ayer por el presidente Evo Morales para el 7 de diciembre, mientras el oficialismo aseguró que esa consulta popular es irreversible.
Los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, que integran un Consejo Nacional Democrático (Conalde), ratificaron ayer el rechazo a la consulta que convocó Morales con el apoyo de organizaciones sociales y el respaldo de haber sido ratificado por el 67,41 por ciento de los votos en el referéndum del 10 de agosto.
"Estamos muy indignados por la forma en que se quiere gobernar al país. Hemos decidido que no se va a llevar adelante ningún referéndum (en nuestro territorio). Generará luto en los hogares. Haremos un llamado a la desobediencia civil", declaró Alberto Melgar, presidente del comité cívico del Beni.
El vicepresidente del comité cívico de Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, afirmó, en tanto, que el gobierno "ha dejado de ser democrático y se convirtió en una dictadura sindical cocalera".
Los legisladores opositores Antonio Franco, Bernardo Montenegro, de Poder Democrático y Social (Podemos), y
Arturo Murillo, de Unidad Nacional (UN), destacaron que la decisión del gobierno, lejos de unificar al país "traerá un baño de sangre que es necesario evitar", informó el diario cochabambino Los Tiempos.
Estas fueron algunas de las duras respuestas a la convocatoria que realizó Morales el jueves, cuando además creó un ministerio para las Autonomías y designó a cinco miembros de su gabinete para que intenten dialogar con la oposición.
El mandatario recordó que el referéndum de diciembre satisface "la lucha histórica por la refundación de Bolivia" ya que "por primera vez la Constitución será sometida al voto del pueblo".
El diputado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, dijo que el decreto promulgado por Morales "reglamenta la ley 3835 del 29 de febrero que convocó al referéndum constitucional para el 4 de mayo pasado, pero la Corte Nacional Electoral adujo que no le daban los tiempos, por eso ahora el gobierno llamó a esa consulta para el 7 de diciembre".
Además, el legislador recordó que hay una ley general sobre referendos, que permite que la iniciativa ciudadana o los poderes del Estado convoquen una sola vez durante su ejercicio a una consulta popular. "El revocatorio lo aprobó el Congreso, por eso ahora el constitucional lo convoca el Presidente. Ambas leyes son fundamento legal de la iniciativa que tomó el gobierno", dijo. (Télam y AP)
