Puede que no haya razones concretas para creer que los responsables de manejar la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner supieran que entre quienes más dinero les donaban se encontraba un hombre que resultaría tener vínculos con narcotraficantes colombianos y mexicanos, pero es imposible que no les haya llamado la atención el entusiasmo que manifestaban los empresarios de la salud por la candidatura de la futura presidenta. Según la información disponible, una proporción llamativa de los fondos recaudados por el Frente para la Victoria -se habla de entre el 20 y el 30%- procedió de empresas farmacéuticas, entre ellas la del recién asesinado Sebastián Forza que, se sospecha, fue muerto por narcotraficantes a causa de una deuda de tres millones de dólares. Es comprensible, pues, que dirigentes opositores estén preguntándose cuál es la relación entre los Kirchner y un sector que se ha hecho notorio por el escaso apego a la legalidad de muchos de los que lo integran. Mientras el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, que también fue el recaudador de fondos principal de la campaña presidencial de Cristina, pedía aportes a las empresas del sector, sabía que se investigaba una veintena de ellas por irregularidades, las que incluyen estafas supuestamente cometidas con la complicidad de los sindicatos que, según se informa, ayudaron llenando de nombres de personas no existentes los patrones de las obras sociales que manejaban, además de los delitos al parecer frecuentes de adulteración o robo de remedios. Si bien es de suponer que la mayoría de las empresas farmacéuticas del país se maneja conforme a pautas primermundistas, se trata de un sector en que demasiadas se han habituado a operar según un código de ética que es decididamente heterodoxo, de ahí la gran cantidad de investigaciones que están en marcha.

Aunque en la mayoría de los países democráticos es ilegal que aporten dinero a las campañas proselitistas empresarios que están interesados en aprovechar su relación con los gobernantes en potencia para ganar licitaciones, en todas partes los esfuerzos por impedirlo han fracasado porque es muy difícil distinguir entre los políticamente comprometidos y los que subordinan tales temas a sus aspiraciones comerciales. Así y todo, siempre fue evidente que los donantes principales a la campaña kirchnerista se motivaban por algo más que su eventual aprobación a la postura ideológica o la confianza en las dotes administrativas de quien se perfilaba como la próxima presidenta, lo que no extraña por tratarse de una política que a su juicio estaría más que dispuesta a promocionar el llamado capitalismo de los amigos, una modalidad que se caracteriza por la voluntad del gobierno de privilegiar a sus socios, lo que en un país tan corrupto como el nuestro suele acarrear la tolerancia oficial de abusos que son inadmisibles en otras latitudes.

Por entender que el gobierno de turno siempre procurará proteger a sus amigos, la ciudadanía está acostumbrada a enterarse de denuncias que en otras partes pondrían en riesgo la supervivencia del gobierno pero que aquí no tienen consecuencias perceptibles. Éste no puede ser el destino de la investigación del triple asesinato que ocurrió en General Rodríguez y de sus ramificaciones. La retahíla de episodios relacionados con narcotraficantes colombianos y mexicanos que se han producido en los meses últimos es tan alarmante que no es un asunto meramente anecdótico y el gobierno cometería un error gravísimo si intentara minimizarlo. El que la presencia de estos sujetos se haya hecho notar luego de la campaña electoral en que Forza fue uno de los donantes más significantes ha dado pie a muchas sospechas que por cierto no contribuyen a mejorar la imagen de un gobierno que ya está en tantos apuros como el de Cristina. De difundirse la idea de que a través de la parte corrupta del sector farmacéutico hay vínculos entre el poder y la amenaza aterradora planteada por los carteles de la droga de Colombia y México, el malestar que tantos sienten no podrá sino intensificarse. Es del interés de todos, pues, que se aclare cuanto antes, como están reclamando varios dirigentes opositores, la identidad de todos aquellos que aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Cristina y por qué lo hicieron.