La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay ponderó que la actual conformación del tribunal aportó independencia a la Justicia, aunque puso énfasis en que "a la independencia hay que demostrarla todos los días".
Al disertar ante decenas de jóvenes, abogados y magistrados en el aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC -invitada por la agrupación estudiantil "de IURE", la jueza enumeró los principios que el Estado debe garantizar en materia de Derecho Penal, como única manera de que el ejercicio del poder punitivo no se traduzca en una violación a los derechos humanos.
Enfatizó más de una vez que los derechos humanos no son un invento de este siglo sino que, con otro nombre, estaban ya consagrados en la Constitución de 1853, aunque reconoció la trascendente incorporación al texto constitucional de convenciones interna- cionales que dan una útil herramienta a ciudadanos y jueces, ante los vacíos de la ley local.
Ferviente defensora de la proporcionalidad de las penas, lamentó que los legisladores fijen mínimos que limitan la acción de los jueces para ponderar el caso concreto. "Yo le diría al legislador que le ponga máximo a la pena, pero no mínimo. Déjeselo a los jueces, porque suele suceder que aun el mínimo es excesivamente alto para algún caso, llegando a una pena absurda".
Fue enérgica también en condenar a los medios de prensa y a los periodistas que, a su juicio, "tienen la culpa de que la gente no entienda el principio de inocencia y hacen juicios mediáticos", dijo. "Pobre de aquel que haya sido sindicado como 'presunto autor', porque aun cuando lo absuelvan le será difícil reconstruir su vida en ese lugar". Añadió que también a funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo "se les escapa pedir condenas o dar por culpables a personas, desconociendo que toda persona es inocente hasta que no haya sido condenada en juicio justo".
Repasó garantías como la de defensa en juicio y el derecho a un proceso que no exceda el plazo adecuado al caso concreto, pero recordó que los jueces deben respetar los códigos procesales en materia de prisión preventiva.
Por último, hizo una enérgica apelación a mejorar la situación de las cárceles, indicando que "podemos discutir de derecho, de orientaciones penales, pero la dignidad de las personas no se discute. Tenemos una deuda el Estado, los jueces y la comunidad de abogados", dijo.
