Grupos cívicos están organizando una marcha de cientos de miles de personas para el 30 de agosto para protestar por el aumento de secuestros violentos que están azotando México y que impulsan a un número creciente de mexicanos adinerados a emigrar a Miami, San Antonio y otras ciudades estadounidenses.

Sin embargo, hay muchas dudas sobre si esa expresión de indignación colectiva servirá para mucho. Cuatro años atrás, una multitud de indignados ciudadanos llevó a cabo una megamarcha para presionar a las autoridades a hacer algo respecto de los secuestros, pero al poco tiempo el tema pasó al olvido.

Hoy en día, la indignación colectiva se debe en gran medida al muy publicitado secuestro y asesinato del joven de 14 años Fernando Martí, hijo de un conocido empresario. El adolescente fue secuestrado cuando su chofer se detuvo en un control vial ante varios hombres vestidos con uniformes policiales y su cuerpo en estado de descomposición fue encontrado semanas más tarde en una bolsa plástica dentro del baúl de un automóvil.

Consternados por la noticia, alrededor de una docena de grupos cívicos respaldados por empresarios prominentes acordaron realizar una marcha el 30 de agosto en varias ciudades del país bajo el lema "Iluminemos México". Los manifestantes irán vestidos de blanco y encenderán velas para sensibilizar al país -y a sus líderes- sobre la necesidad de hacer algo contra los secuestradores.

Según cifras oficiales, el número de secuestros creció un 9,1% durante los primeros cinco meses de este año respecto del mismo período del 2007. Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, un grupo constituido por víctimas del crimen hace más de una década, dice que esa cifra representa un aumento del 40% desde el 2006.

Muchos expertos atribuyen este incremento delictivo al hecho de que cada vez más narcotraficantes están cambiando de actividad para dedicarse a la industria de los secuestros, en parte debido a la reciente ofensiva militar contra los carteles de la droga.

Además, la corrupción y las luchas internas que cunden en los 1.660 organismos policiales de México -muchos de cuyos miembros activos y retirados son parte de la industria de los secuestros- y la rampante impunidad de la que gozan los criminales han agravado el problema. Se estima que solamente el 1% de los crímenes cometidos anualmente en el país -según se estima, alrededor de 12 millones incluyendo los secuestros- son juzgados y terminan con una condena.

Elías Kuri, el organizador de "Iluminemos México", me dijo que se conmovió con el secuestro y la muerte del joven Martí y que decidió hacer algo al respecto. "Lo primero que pensé es que tenía que hacer algo antes de que me ocurriera algo así a mí o a mi familia", señaló.

¿Pero esta marcha no será un acontecimiento aislado, de un solo día?, le pregunté. En el 2004 hubo masivas manifestaciones de protesta contra los secuestros en Ciudad de México, luego del rapto y la muerte de la economista Lizbeth Itzel Salinas, le señalé.

"Ahora tenemos más claras las cosas", dijo Kuri. "Lo importante es que esto siga y que el gobierno sienta que los ciudadanos estamos unidos y tenemos la capacidad de organizarnos. El mensaje es: de aquí en adelante no parar".

María Elena Morera, presidenta de Mexicanos Unidos contra el Crimen, me dijo en otra entrevista que su organización exigirá entre otras cosas la creación de un documento de identificación nacional, una cárcel de alta seguridad para los secuestradores y nuevas leyes que exijan que todos los compradores de teléfonos celulares registren su nombre y dirección y que posean tecnología que permita localizarlos geográficamente.

"Nosotros les pusimos un plazo de 30 días", dijo Morera, cuyo esposo fue secuestrado en el 2001 y liberado luego de que sus captores le cortaran cuatro dedos. "El objetivo para nosotros es que las autoridades firmen, con tiempos, qué es lo que van a hacer. Y lo vamos a estar monitoreando".

Mi opinión: las marchas públicas ayudarán, pero hará falta mucho más que eso. Se requerirán grandes aumentos de salario para la policía federal, mayores recompensas por información sobre los secuestros y, sobre todo, aumentar la eficacia y la profesionalización de las instituciones policiales mexicanas.

Tal como lo han demostrado los exitosos esfuerzos destinados a reducir los raptos en Colombia y El Salvador, todo eso requiere mucho dinero. Creo que el Plan Mérida, el paquete de $ 400 millones de ayuda militar a México que recientemente aprobó el Congreso de Estados Unidos, tendría que haber incluido fondos para luchar contra los secuestros. Casi la totalidad de los fondos del paquete de ayuda están destinados a la lucha militar contra las drogas.

La clave para reducir los secuestros en México no dependerá de cuán grande sea la marcha del 30 de agosto sino de qué ocurra a partir del día siguiente.

ANDRÉS OPPENHEIMER (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Periodista argentino. Analista internacional. Miami