MÉXICO (AFP) - Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organizaciones civiles de México alcanzaron el jueves un inédito acuerdo nacional para combatir la creciente ola de secuestros y homicidios del crimen organizado.
"La ciudadanía reclama una respuesta y una estrategia integral y de largo plazo que exige nuestra coordinación para dar respuesta a sus demandas. El desafío es indiscutible e inaplazable, no tenemos tiempo que perder", dijo el presidente Felipe Calderón durante una cumbre nacional contra la inseguridad.
El acuerdo contiene compromisos de los tres poderes con plazos concretos, como la depuración de las fuerzas policiales, la creación de un observatorio ciudadano para controlar las metas, estrategias contra el lavado de dinero y el narcomenudeo, entre casi 80 puntos. El compromiso presupone una fuerte participación de la sociedad civil ante la demanda de la ciudadanía de que las autoridades adopten medidas concretas para frenar la escalada de secuestros y de homicidios del crimen organizado.
El secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí, perpe
trado por policías, generó una ola de indignación popular, que derivó en la cumbre celebrada en el Palacio Nacional con la participación de representantes de los tres poderes, incluidos gobernadores y legisladores de izquierda.
Los asesinatos y las sospechas de involucramiento policial han indignado a una nación en la que los secuestros se han vuelto algo común y muchos se habían vuelto insensibles ante los tiroteos y decapitaciones de los carteles de la droga.
Masivas protestas están siendo planeadas y algunos legisladores están cambiando de parecer acerca de al oposición a la pena de muerte, presionando por ese castigo para secuestradores que asesinan y a los policías secuestradores.
En lo que va del año se han registrado 323 secuestros, según cifras oficiales, aunque organizaciones civiles sostienen que de cada 12 plagios sólo se denuncia uno.
El ajuste de cuentas entre cárteles de la droga ha dejado unas 2.713 personas ejecutadas en 2008, a pesar de que el gobierno implementó desde diciembre de 2006 una agresiva estrategia de seguridad con el despliegue de 36.000 militares en todo el país para combatir al crimen organizado.
