NEUQUÉN (AN/ACE) - La sala de audiencias habilitada para el histórico juicio a represores de la dictadura militar fue, como se esperaba, el centro de las críticas de los directivos de los organismos de derechos humanos y de la gran cantidad de personas que, debido a la falta de espacio, no pudo ni podrá presenciar el desarrollo del juicio oral.
Apenas se abrió ayer la audiencia una de las abogadas querellantes, Ivana Dal Bianco, pidió la palabra para informar algo y aún cuando el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), Orlando Coscia, le advirtió que no era el momento y encontró respaldo en ello en el fiscal, le permitió hablar.
Primero Dal Bianco denunció un sugestivo robo que sufrió la noche del martes en su domicilio y a continuación planteó la frustración que planteaba iniciar el juicio en un lugar inadecuado, por el espacio reducido, y recordó la falta de respuesta al pedido de cambio de escenario.
"Ese planteo ya está resuelto, las comunicaciones a las partes están en trámite", dijo Coscia y abrió, lógicamente la expectativa de una decisión favorable.
Lejos de ello, en el cuarto intermedio se supo que el TOF dio por cerrada por el momento de cualquier cambio de lugar del proceso.
La colocación de un equipo de sonido y dos pantallas plasmas en la vereda, por parte de la secretaría de Derechos Humanos del municipio que conduce Jesús Escobar, le permitió ayer a quienes no pudieron ingresar seguir en vivo y en directo la lectura de las acusaciones del fiscal y de las querellas.
Hoy sería lo mismo si siguen las lecturas, pero cuando se inicie la ronda de testigos no habrá transmisión en directo y el problema se agudizará.
No sólo el público no podrá seguir la audiencia, sino que también la prensa ya que el equipo que se instaló contiguo a la sala de audiencia, ayer sólo reprodujo imágenes, pero no sonido. Y en la sala solamente hay lugar para una docena de periodistas.
Los fotógrafos y camarógrafos de los distintos medios de prensa , como ya se ha informado, sólo puede tomar imágenes antes del inicio de las audiencias y su publicación y emisión quedaba sujeta a la voluntad de los imputados y testigos. Aunque sobre este último punto cabe consignar que ayer el tribunal no informó a la prensa, como se había previsto, si los imputados -aún no se inició la ronda de testigos-, opinaron respecto de si autorizaban o no publicación de sus imágenes.
Esta alternativa quedó un tanto desvirtuada en los hechos, porque la eventual prohibición sería de tomas en el interior de sala, pero ayer a los imputados las cámaras los registraron en la vía pública, cuando ingresaban al edificio.
"Las limitaciones que se han impuesto son terribles. Un proceso por el cual se ha esperado 30 años merece la difusión más amplia posible. La prensa no puede tener los impedimentos que le han planteado. Este juicio debe ser conocido, en todos los detalles, en todo el país y los medios periodísticos son el instrumento para posibilitarlo", dijo Gladis Cofré, secretaria de derechos humanos de Río Negro.
