NEUQUÉN.- Para Noemí Labrune, el proceso de Justicia para los sobrevivientes de la dictadura militar en la zona comenzó cuando luego de la reapertura de la causa en el 2005, se presentaron a declarar y aportar pruebas que luego sirvieron para los procesamientos.

"No es que luego del juicio oral las víctimas celebran: son testigos de cargo, aquel que fue al juzgado -en esta etapa o las anteriores-, hizo la denuncia y trató de aportar datos, buscó y trajo a otros testigos y acusó; ya no es una víctima, es una persona que pide Justicia y maneja los mecanismos para conseguirla", dijo.

Labrune detalló incansables búsquedas en procura de pruebas para llevar a los acusados al juicio. Con la reapertura de la causa y tras el impasse de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida "es irrefutable este cuerpo enorme de probanzas y de evidencias, y entonces cuando me preguntan qué espero del juicio: ¡la perpetua!, porque está absolutamente demostrada la responsabilidad (de lo que ocurrió) en la cabeza de estos 8, no hay duda alguna", aseguró.

De su experiencia en el trato de la mayoría de los denunciantes que pasaron por situaciones traumáticas como la tortura, el centro clandestino, la desaparición y la muerte de amigos o de familiares, opinó que "el proceso de sanción empezó: ahora van a volver a decir en público lo que ya hicieron, porque esta gente (por los imputados) fue toda procesada por las pruebas que ellos aportaron; puede ser que alguno (de los testigos) esté estresado por la audiencia pública, pero ellos saben que no son las víctimas indefensas sometidas a la privación de justicia".