La relación entre la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, y el oficialismo se tensó al máximo ayer.

Fue luego de que la titular del organismo de control aludiera públicamente a las versiones que vinculan al presidente del bloque de la Concertación, Daniel Sartor, con la propiedad de la empresa Flavors.

"Está instalado al menos en Viedma, no sé en el resto de la provincia, pero al menos en Viedma está instalado que hay alguna vinculación de algunas primeras líneas del gobierno provincial con esta empresa, concretamente el diputado Daniel Sartor, el presidente del bloque. Esto se dice en toda la provincia de Río Negro, que él es uno de los dueños de esta empresa, pero es un comentario, una presunción, yo no sé si esto es real, o es irreal, de última no me tocaría a mi investigar esto a mí. Lo que me toca investigar es otra cosa, a mí me toco investigar la calidad del alimento", dijo Piccinini durante una entrevista con radio Concierto de Roca.

Luego sostuvo: "Lo que sería interesante es que algún fiscal se interese, que algún juez se interese (por investigar ese vínculo) porque eso ya es materia y competencia de otros poderes".

Sartor rechazó ante este diario cualquier relación con Flavors y por la tarde envió una carta documento a la defensora. Allí la intimó a ratificar o rectificar sus dichos, porque "las declaraciones contra mi persona constituyen los delitos de injurias, injurias encubiertas y calumnias, por cuanto me imputa falazmente de un delito y busca deshonrarme y desacreditarme frente a la sociedad". (Redacción Central)