El rechazo del Senado a la aplicación de retenciones móviles al campo no marca el fin del conflicto político-económico que sobrevuela el país hace ya más de 125 días.
Mucho dependerá de lo que haga a partir de ahora el matrimonio K y el nuevo gabinete, que presumiblemente se avecina, para encarrilar la situación.
Las expectativas de la sociedad son positivas. Ni desde el mismo oficialismo se duda que este fue un gran triunfo de la democracia.
Sin embargo, las expresiones que señaló días atrás el senador nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Horacio Lores, calan hondo en la ciudadanía argentina. “Espero que el gobierno nacional no tome represalias”, sentenció por lo bajo el legislador.
Los antecedentes que tiene el poder central no son los más alentadores en este sentido.
Inversores y analistas evaluarán en los próximos días cuál será la conducta de los K en materia económica.
Hacia fuera, hay temas que no pueden postergar su tratamiento. La desbocada inflación, un crecimiento estancado, la falta de crédito y dar claras señales para que el país vuelva a ser creíble, son tan sólo algunos de los puntos que el Ejecutivo debe abordar ya mismo y dar respuesta cuanto antes.
Hacia adentro, se debe pensar en una razonable reestructuración de las erogaciones. No es posible que el gasto improductivo del Estado continúe creciendo a las tasas de 2007 y primer trimestre de 2008. Y menos aún si el gobierno ya no cuenta con el piso de 1.300 millones de dólares que proyectaban obtener por las retenciones móviles del campo.
Este no es un dato menor. El matrimonio K consideraba como un derecho del Estado apropiarse de los recursos generados por el sector exportador. El Congreso le puso un coto a estas atribuciones y muchas son las dudas sobre cómo equilibrará el gobierno su presupuesto en este nuevo escenario: gasto público con tendencia creciente y un techo sobre las retenciones, uno de los principales ingresos que hoy tiene el fisco nacional.
Lamentablemente, hoy no es el mejor momento para realizar los cambios que necesita la economía. El “modelo productivo” se tendría que haber redefinido a fines de 2006, que fue cuando importantes variables económicas comenzaron a mostrar desvíos significativos. Por otra parte, el poder político que hoy tienen los Kirchner no es el mismo que ostentaban en aquel entonces y los márgenes para corregir el modelo son cada vez más pequeños.
Pero nunca es tarde para cambiar.
Nadie duda que el programa económico debe encauzarse, pero para ello debe estar la convicción del Ejecutivo.
El mercado espera estas señales.
¿Qué pasa con las retenciones que ya se pagaron?
La resolución 125 sigue firme hasta que el Ministerio de Economía la derogue, independientemente del rechazo de los legisladores.
Sin embargo, el ex presidente Kirchner fue claro en este sentido: “Respetaremos lo que salga del Congreso”.
Recordemos que en noviembre, por una resolución ministerial, el gobierno elevó las retenciones fijas de los granos y el 11 de marzo pasado por esta misma vía las llevó a móviles, proyectándose una recaudación total adicional del orden de los 3.000 millones de dólares sumando estas ambas resoluciones.
Lo que se trató en el Congreso esta semana sólo fue está última resolución, es decir las móviles.
Si el gobierno mantiene la palabra del presidente del PJ, Néstor Kirchner, el ministerio debería derogar la resolución 125.
Sin retroactividad
En general, estas medidas carecen de retroactividad. De no ser así el fisco nacional queda como deudor con el campo por unos 1.300 millones de dólares, ya que los productores pagaron por su soja retenciones con un promedio 45% de retenciones contra el 35% que deberían haber abonado (retenciones fijas anterior a la resolución 125).
JAVIER LOJO
El otro punto es la caja fiscal que quedó severamente dañada. El gobierno tenía previsto cancelar con los recursos generados por las retenciones móviles parte de los compromisos externos que vencen en 2008 y 2009. El campo iba aportar algo más de 4.000 millones para este concepto, teniendo en cuenta que la colocación de deuda en el exterior continúa totalmente vedada para la Argentina.
Sin posibilidades de financiación externa y con un techo sobre los recursos internos, el gobierno se encuentra frente a un serio problema para el corto plazo. Un problema que compró el gobierno por las malas políticas aplicadas hasta el momento.
