NEUQUÉN (AN-ACE) - El juez Guillermo Labate indagó ayer a los principales responsables de la comisaría de Cipolletti, que en 1976 centralizó las detenciones ilegales en la zona rionegrina de la Confluencia. Uno de esos secuestros devino en la muerte de un productor cipoleño, que no soportó las torturas.
Antes de ser derivados al centro clandestino "La Escuelita" fueron secuestrados en Cipolletti Edgardo Kristensen, Norberto Blanco, Antonio Giménez, María Lucca y Pedro Trezza, entre otros.
Algunas víctimas fueron "liberados" ante los comisarios de Cipolletti, donde les indicaban que debían guardar silencio sobre lo que habían padecido.
A una joven secuestrada en Cinco Saltos, que luego de ser sometida a tormentos se le sacó la venda en la comisaría de Cipolletti, la quisieron convencer de que "había sido encontrada en un baldío" en estado deplorable.
El productor cipoleño José Luis Albanesi fue secuestrado por personal de la comisaría Cuarta, que lo entregó al Ejército para su traslado a "La Escuelita".
Albanesi no soportó una interminable sesión de picana eléctrica. A la familia se le indicó que había muerto "de impresión" cuando estaba detenido en la U9. Según se supo el parte de defunción, firmado por personal militar, indicaba muerte natural: paro cardíaco.
"La policía de Cipolletti no realizó procedimientos por decisión propia sino bajo orden y dependencia operacional del área militar; el teniente primero (Gustavo) Vitón era el jefe de operaciones", dijo en su defensa en 1984 el comisario Antonio Camarelli, ante las denuncias que hicieron las víctimas en la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (Conadep).
Ayer Camarelli volvió a declarar ante el juez Labate,lo hizo por varias horas, pero el tenor de sus dichos se desconoce.
El lunes fue el turno de Vitón, quien también respondió por los cargos de secuestros, torturas y desapariciones. Se desconocía cuál fue su declaración.
También declaró Miguel Quiñones, sindicado junto con Camarelli y Enerio Huircaín como los jefes policiales que integraban los grupos de tareas con el Ejército, en 1976.
"Quiñones decía ser el filtro", declaró Eduardo París, en referencia a que los policías rionegrinos se les presentaban a los secuestrados como "de los buenos", antes de "la picana" de los militares.
También fueron indagados los policías Julio Héctor Villalobos y Oscar Ignacio Del Magro, pero se abstuvieron de declarar.
El juez Labate le otorgó la prisión domiciliaria a José Ricardo Luera, por su edad.
NEUQUÉN (AN) - El juicio oral y público a ocho militares acusados de graves delitos cometidos durante la dictadura militar en la región, comenzaría el 11 de agosto, no será transmitido en vivo y sólo podrán registrar imágenes, fotos y filmaciones, previo a las audiencias.
Las autoridades del Tribunal Oral Federal (TOF), le informó ayer a los representantes de las partes del proceso detalles de cómo se hará el juicio, entre otras cosas, que habrá un gran vidrio de protección para los imputados y sus defensores.
Las dirigentes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck, quienes están constituidas como querellantes, emitieron un comunicado en el que rechazaron enfáticamente esas medidas y reclaman se modifique ese criterio.
"Presentaremos un recurso por escrito contra esta resolución, pues no podemos permitir que luego de 32 años de impunidad la sociedad no pueda ser parte de esta pelea histórica", señalaron.
Sostienen que "todos debemos ser testigos de lo que suceda en el juicio y debatir los alcances de este genocidio de clase. Pues el juicio nos pertenece a todos los trabajadores y el pueblo, quienes fuimos las víctimas de ese genocidio".
En el juicio estarán en el banquillo de acusados los militares Luis Alberto Farías Barreras, Oscar Lorenzo Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Jorge Eduardo Ezcurra, Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique Braulio Olea, Francisco Julio Oviedo y Sergio Adolfo San Martín.
Dal Bianco y Sckmunck informaron que ayer el TOF les hizo conocer varios aspectos de cómo se desarrollará el juicio, entre ellos que "había decidido que los medios televisivos, radiales y de prensa no pudieran transmitir en vivo ninguno de los momentos del juicio oral y sólo podrían tomar imágenes antes de empezar".
VIEDMA (AV ) - El titular del Ipross, Alcides Pinazo, aseguró que la detención de Oscar del Magro no lo afectó en lo más mínimo.
Desde hace unos días el policía retirado se encuentra detenido en el marco de una causa que investiga detenciones ilegales y torturas durante la dictadura militar en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
El funcionario aclaró que todo se encuentra en etapa de investigación y anticipó que "aún si se llegara a demostrar -cosa que no creo- que tenga participación, no trabajará más conmigo en el Ipross".
Aclaró que "todos los que me conocen saben de que lado estuve en la época de fuego de nuestra patria y que no fue debajo de la cama, como muchos de los que hoy hablan".
Dijo estar convencido que Del Magro "no tuvo participación en los hechos que se investigan".
Lo sostuvo en que "conozco su dedicación, fue candidato a intendente de su pueblo Chimpay en dos oportunidades, concejal y siempre demostró una conducta intachable. Espero que esto siga siendo así".
Pinazo destacó que Del Magro pertenece a una camada de oficiales de la Policía de Río Negro que se retiró prematuramente de la fuerza .
