NEUQUÉN (AN).- Con un proyecto de adhesión a la ley nacional de defensa del consumidor reformada recientemente, el gobierno propone crear un fondo especial para fortalecer el órgano de aplicación en la provincia.
Con la nueva legislación, la dirección provincial de Defensa del Consumidor pasaría a disponer de al menos la mitad del millón de pesos promedio que anualmente se impone a las empresas en concepto de multas por incumplimientos, violaciones de contrato, cobros indebidos y servicios deficientes.
Con el fondo especial, se genera una mayor autonomía para designar personal, adquirir bienes y servicios, movilidad y tareas de educación al consumidor.
El proyecto será presentado a fines de julio por el diputado del MPN Rolando Figueroa y responde, según aseguró quien preside la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, a lineamientos del gobierno provincial para legislar respecto de los derechos de los consumidores. Es un hecho entonces que, si bien puede sufrir modificaciones cuando se debate en comisión, la ley será aprobada, porque el oficialismo tiene los votos suficientes para hacerlo.
La ley provincial de Defensa del Consumidor 2.268 vigente legisla respecto la antigua norma nacional en la materia, la ley 24.240, modificada por la 26.361. Uno de los cambios fue la creación de un fondo especial con el 50% de la recaudación por tasas y multas para ser asignado a la autoridad de aplicación. A nivel provincial, en el 2006 la suma impuesta por defensa del consumidor a las empresas fue por 1.105.582 pesos y en el 2007, por 1.247.500 pesos. El nivel de pagos, si bien en muchos casos se apela a la Justicia, es alto, y en lo que va del año se emitieron multas por 606.600 pesos, que actualmente pasan directamente a rentas generales de la provincia.
El Fondo de Defensa del Consumidor y Transparencia de Mercado, como figura en el artículo 4 del proyecto, se integrará con "el 50% de los montos percibidos por multas" y "serán administrados por la dirección general de Comercio Interior".
Otros cambios
También habría modificaciones al sistema de tasas generadas por las habilitaciones comerciales fuera de los ejidos municipales (ley provincial 665), que integran el fondo especial. No trascendió el sistema, pero en las argumentaciones del proyecto que presentará Figueroa antes de fin de mes se destaca la necesidad de apuntar a una grilla "más equitativa". Actualmente, un complejo turístico a nivel internacional paga una tasa bianual de sólo 41,50 pesos, al igual que un pequeño comerciante de ramos generales ubicado en un paraje del interior de la provincia.
