MADRID (AP) .- El gobierno español anunció ayer que modificará su política de extranjería para endurecer los criterios de reagrupación familiar, ampliar el plazo de retención de indocumentados y facilitar el retorno de inmigrantes a sus países de origen, en medio de una crisis económica que acentuó el desempleo en el país.
"Se trata de ratificar la política que está llevando a cabo España, que es reconocida fuera de nuestras fronteras como muy positiva por su carácter integral, pero en la que es necesario hacer algunos ajustes", señaló la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en una comparecencia.
De la Vega explicó que el gobierno presentará el viernes un plan de retorno voluntario que se va a poner en marcha para facilitar que los extranjeros que residan de forma legal pero estén desempleados regresen a sus lugares de origen.
El proyecto pretende incentivar el regreso de estos inmigrantes adelantando parte del pago del subsidio por desempleo que les corresponda. Las personas que se acojan a este programa cobrarían un 40% del subsidio en España y un 60% en sus países.
En España residen casi 4,5 millones de inmigrantes, más de un 10% del total de la población española. Más de un millón proceden de países de América Latina y de ese total unos 200.000 son argentinos
La iniciativa obedece a que España encara una fuerte desaceleración de su economía y ha aumentado el número de desocupados que cobran seguro de desempleo, especialmente entre los inmigrantes.
De la Vega explicó que el ejecutivo español no es el único interesado en que retornen los inmigrantes, ya que algunos presidentes, como el ecuatoriano Rafael Correa, se han mostrado a favor de leyes que favorezcan la vuelta de sus compatriotas.
El plan, que entrará en funcionamiento en julio, responde a la desaceleración económica que afecta a España y que ha incrementado notablemente el número de parados, sobre todo entre la comunidad inmigrante. El gobierno español cree que unos 20.000 extranjeros podrían acogerse a estas medidas.
Junto a ello, De la Vega anunció que el ejecutivo tiene la intención de cambiar la ley de extranjería y que para ello remitirá un plan al parlamento para que sea debatido por todos los grupos políticos antes de final de año.
Según detalló, el gobierno prevé restringir los criterios de reagrupación familiar para obtener el permiso de residencia, de tal manera que sólo el cónyuge y los hijos menores de 18 años del inmigrante puedan beneficiarse de esta figura. Hasta ahora, los inmigrantes legales podían reagrupar a sus cónyuges, hijos (menores o no), padres y suegros.
Además, la vicepresidenta reconoció que se podría aumentar de 40 días a 60 el plazo de privación de libertad previsto por la legislación para los inmigrantes irregulares. El objetivo, dijo, es "dotar de más tiempo'' al proceso de repatriación de los ilegales.
