NEUQUÉN (AN)- "Queremos una sentencia porque tiene el valor simbólico en la sociedad contra la impunidad. Cuando hay impunidad los juicios se encajonan, y eso va operando como un elemento fundamental para que todos continuemos con el miedo que traemos -en forma directa o por delegación de nuestros padres del genocidio que hubo en Argentina".
Así lo expresó Mirta Mántaras, abogada de organismos de derechos humanos, a propósito del inicio del juicio contra 28 policías acusados de torturas contra detenidos en la Unidad 11 del Parque Industrial.
El juicio comenzará hoy y casi no registra antecedentes por la cantidad de imputados y porque los acusan de un delito cuya pena se equipara con la del homicidio: de 8 a 25 años de cárcel (ver aparte).
Mántaras llegó el viernes a la región y hoy asistirá a la primera audiencia junto con or
ganizaciones de derechos humanos como Zainuco e Hijos. En diálogo con "Río Negro", la especialista en justicia militar dijo que éste "es uno de los pocos casos que llegan a juicio oral con tantos procesados del servicio penitenciario".
Explicó que los malos tratos a los detenidos son habituales pero pocos llegan a juicio. "Muchas veces aplican picana pero cuando los llevan al médico ya es demasiado tarde y tienen apenas puntitos. Acá pasó algo distinto: producidos los hechos de inmediato se constituyó la fiscal y pudo constatar en el momento las lesiones sufridas" por los detenidos. "Ahí no hubo más remedio que hacer un procedimiento y ahora no hay más remedio que hacer un juicio oral", agregó.
Indicó Mántaras que "las audiencias tienen que tener el apoyo de la comunidad; si estos juicios se hacen es porque hay una comunidad movilizada. Vamos a ver cómo se comporta el tribunal en relación con todas las evi
dencias que hay".
La semana pasada miembros de Zainuco sostuvieron varias reuniones con el ministro de Seguridad y Justicia, César Pérez, para exigirle que durante y después del juicio les permitan ingresar a los pabellones para constatar que los detenidos -que son testigos contra los policías- no sufran amenazas ni apremios.
La respuesta del gobierno fue crear una comisión mixta que empezará a funcionar hoy, integrada por un representante del Ejecutivo, uno de la Justicia y tres de distintos organismos de derechos humanos. Tendrán como misión velar por la seguridad de los detenidos-testigos.
Gladys Rodríguez, presidenta de Zainuco, dijo que le parece suficiente si es que les permiten ingresar a los pabellones a constatar la situación de los internos.
