BOGOTÁ (AFP) - El presidente colombiano admitió ayer que se investiga una denuncia que lo vincula con una masacre cometida por paramilitares, luego de que su primo fue encarcelado dentro de un proceso que vincula a decenas de políticos oficialistas con esos grupos de ultraderecha.
El presidente Álvaro Uribe reveló en una entrevista ayer que él mismo fue acusado por un paramilitar preso de haber ayudado a planear una masacre de 15 campesinos en 1997, denuncia que dijo es investigada y sobre la cual, aseguró, tiene pruebas para desmentirla. Uribe fustigó a sectores de la justicia con los que sostiene un enfrentamiento, advirtiendo que debido al "imaginario de los bandidos hay que tener mucho cuidado de que los magistrados los estén estimulando para que acusen a gente honorable".
Según el mandatario, el testimonio asegura que el ahora presidente junto a militares se reunió con jefes de la ultraderecha para planear la incursión en el caserío de El Aro, en el departamento de Antioquia (noroeste), en la que murieron 15 campesinos y el pueblo fue quemado.
El presidente recordó que debido a las amenazas ha tenido escolta, por lo cual "desde el año 88 la fuerza pública colombiana sabe a dónde he ido yo, dónde he dormido y con quién me he reunido".
Hay que dejar a la justicia que haga sus investigaciones, que la justicia diga si es culpable o no", subrayó el mandatario.
Descarta llamar a elecciones
El presidente insistió en que no es partidario de proponer "saltos al vacío" en busca de una solución a la crisis, en referencia a la propuesta de sectores políticos de disolver el Congreso y anticipar las elecciones previstas para 2010 o de convocar a una asamblea constituyente.
El proceso por los vínculos entre políticos y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzó en 2006, después que se hallaron documentos en el computador de un jefe de esos grupos que señalaban la existencia de pactos con congresistas, gobernadores y funcionarios para beneficiarse mutuamente. Hasta ahora las denuncias sobre esos nexos de los políticos, en su mayoría oficialistas, han tenido poco efecto sobre Uribe, quien conserva una amplia popularidad.
La Fiscalía explicó en un comunicado que ordenó la captura de Mario Uribe por el "delito de concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley".
Un ex paramilitar, Jairo Castillo (alias 'Pitirri'), ahora refugiado en Estados Unidos, acusó al dirigente de reunirse en varias ocasiones con jefes de las AUC para que le ayudaran a hacerse de tierras.
Tras conocer la orden de detención, Uribe se refugió en la embajada de Costa Rica para pedir asilo, pero San José consideró "improcedente" la solicitud. Uribe salió de la sede diplomática en medio de los gritos de "asesino, mil veces asesino", por parte de familiares de víctimas de los paramilitares que se había apostado en las afueras. Su captura se suma a los anuncios de investigaciones por los mismos cargos sobre la actual presidenta del Congreso, Nancy Gutiérrez, y el director del partido de La U (Unidad Nacional), Carlos García, que afectaron duramente al oficialismo.
El ex presidente y director del opositor partido Liberal, César Gaviria, advirtió que la crisis de la "parapolítica" plantea "una situación muy peligrosa", especialmente por la propuesta oficialista de crear un nuevo tribunal que asuma las pesquisas.
