NEUQUÉN (AN).- Con los juicios políticos en marcha contra dos vocales del TSJ y con la renuncia de otro de sus integrantes, en los próximos meses se producirá un ineludible recambio en el máximo tribunal de la Justicia neuquina. La Concertación presentó ayer un proyecto de ley que regula el proceso de designación de los magistrados e incorpora la posibilidad de que ciudadanos, asociaciones e instituciones relacionadas expresen su opinión respecto de los nombres que proponga el gobernador Jorge Sapag.
El vocal Roberto Fernández renunció el miércoles y el mismo día se aprobó el juicio político a Eduardo Badano y Jorge Sommariva. En los pasillos de la Legislatura se especula respecto de la posibilidad de Badano renuncie y que Sommariva opte por jubilarse, en ambos casos, para evitar los juicios. En ese marco, habría que cubrir tres puestos en el TSJ, el argumento principal del proyecto que ayer elevaron los diputados Marcelo Inaudi (UCR) y Ariel Kogan (PJ).
Según un parte de prensa, ante la posibilidad de las destituciones o la vacancia que plantean todas las alternativas que no sean la absolución, "los diputados de la Concertación propusieron generar un mecanismo por el cual la comunidad pueda participar del procedimiento de designación de los miembros del máximo tribunal".
El artículo 239 de la Constitución provincial establece que los miembros del TSJ, su fiscal y defensor, son designados por la
Legislatura con el voto de los dos tercios de los presentes, a propuesta del Poder Ejecutivo. El articulado del proyecto propone que, una vez que la propuesta del Ejecutivo llegue a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, se habilite un plazo de 10 días para que instituciones, organizaciones e incluso ciudadanos comunes, mediante "escritos fundados", puedan manifestar "posturas, observaciones y circunstancias que consideren de importancia respecto del candidato propuesto". Dentro de ese plazo, los diputados estarán obligados a requerir la opinión del colegio de abogados, de las asociaciones que agrupan a magistrados y funcionarios judiciales de la provincia y a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad.
