J. M. tiene 19 años, le gusta la marihuana y está a punto de entrar en las estadísticas. Hace un mes un policía lo encontró fumándose un porro en una plaza de Cipolletti, lo llevó a la comisaría y escribió en su informe que el joven tenía en su poder una sustancia vegetal con aroma y aspecto similar a la picadura de marihuana. Esa noche J.M estuvo demorado 4 horas hasta que fue liberado, aunque se le inició un proceso judicial por infracción a la Ley de Estupefacientes.
La marihuana secuestrada fue enviada al laboratorio de la Gendarmería Nacional en Neuquén. Resultado: 0,2 gramos de marihuana en el porro. Y 0,8 gramos en la bolsita. El caso de J.M. será tratado por un juzgado federal. Como no tiene antecedentes y lo agarraron con una ínfima cantidad, lo más probable es que su condena sea asistir a un centro asistencial para tratarse de su adicción. A menos de que pueda pagar ayuda privada, le resultará difícil hacerlo en un hospital público: no existe el servicio de rehabilitación de adictos del lado rionegrino del Alto Valle. Y conseguir un turno en el centro de salud neuquino Castro Rendón es algo parecido a un milagro.
J.M. es uno de los 320 mil procesados en la Argentina desde que fue sancionada la Ley 23.737, en 1989. Según los datos del gobierno nacional, la maraña burocrática que se genera en cada uno de estos casos le cuesta al Estado al menos 5 mil dólares. Se estima que las causas relacionadas con las drogas representan el 70% de las tramitadas en la Justicia Federal, con un porcentaje de condenas del 2.8%.
-El problema es que la abrumadora mayoría de los procesados son usuarios o adictos, es decir las víctimas del sistema. Y hay poquísimos condenados de los grandes beneficiados, los traficantes. La penalización, al convertir en delincuentes a 320 mil ciudadanos, trajo mucho más daños que beneficios.
Lo dice el bioquímico cordobés Eduardo García, ex diputado nacional por el Partido Socialista y autor de un proyecto de despenalización del consumo que presentó en el 2002, aunque no consiguió que fuera tratado en el recinto. El ex legislador arremete con más datos.
-Al momento de la detención, el 97.8% no tenía antecedentes, el 90.8% no estaba armado, el 97,3% no estaba cometiendo otro delito y el 87% tenía en su poder menos de 5 gramos de droga. Pero para el Estado todos son delincuentes.
Ante las Naciones Unidas el gobierno anunció su intención de despenalizar el consumo. Para los defensores de la desincriminación, se alinea así con el artículo 19 de la Constitución Nacional: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
Considera también el Poder Ejecutivo que los fondos destinados al movimiento burocrático provocado por esos 320 mil procesamientos son un despilfarro. Y acaso también quiere anticiparse a la declaración de inconstitucionalidad que la Corte Suprema haría respecto de la segunda parte del artículo 14 de la ley 23.737, que establece lo siguiente: "La pena será de un mes a 2 años de prisión cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera inequívocamente que la tenencia es para uso personal".
Si se repasan algunos datos, se advierte que la penalización no parece haber ayudado a resolver el problema.
* En la Argentina hay 3.200.000 consumidores de drogas ilegales, según el coordinador del Consejo Federal de Drogas, Ricardo Macedo.
* Se consumen 60 toneladas de cocaína y 2.000 toneladas de marihuana al año.
* El primer lugar del ranking de consumo per capita en Sudamérica le corresponde a la Argentina, pese a que países vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, entre otros, no penalizan.
* En los Estados Unidos el porcentaje de la población adulta que toma cocaína es del 2.8%. En la Argentina es del 2.6%.
* Según la última encuesta nacional, en 2006 casi 300 mil personas fumaron marihuana por primera vez, 140 mil probaron la cocaína y 27 mil la pasta base.
* El 45,2% de los consultados afirmó que conseguir drogas ilegales es bastante accesible.
* Por estos días, técnicos del INDEC realizan una nueva encuesta nacional para actualizar la base de datos.
Si la penalización no pudo, ¿la despenalización ayudaría a resolver el problema?
Voces del no
La oposición más fuerte a la medida está en el propio gobierno y la encabeza un viejo amigo de Néstor Kirchner, el odontólogo José Granero, a cargo de la Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
En un artículo titulado "Despenalizar no es progresista" que se puede leer en el prolijo sitio web del organismo marcó su posición: "Nos oponemos porque nuestra tarea es reducir el consumo y evitar la aparición de nuevos consumidores". Agregó que las drogas que más muertes causan son las de venta legal (el tabaco y el alcohol) y que por lo tanto legalizar otras, además de muy peligroso, sería jugar a favor de quienes ya lucran con ellas y lucrarán en el futuro.
Para Granero, en un país en el que se duplicó el consumo, la desincriminación agravaría las cosas. Y con un daño colateral: cree que sería aún más preocupante la relación droga-delito: según sus datos, el 68% de los detenidos estaba alcoholizado o drogado en el momento de violar la ley.
¿Y qué dice el funcionario del artículo 19 de la Constitución Nacional? "La noción de daño a terceros o daño social está mal analizada o simplemente brilla por su ausencia en la argumentación de los despenalizadores. Por ejemplo, ¿no entraña daño a terceros la probada influencia de las drogas en los accidentes de tránsito?".
Un oficial de la policía rionegrina con experiencia en la lucha contra el tráfico de estupefacientes también se opone a una posible despenalización. Mientras suena un blues de Pappo en la radio, enciende un cigarrillo y aporta su visión de las cosas.
-No va, para mí no va. Desde el punto de vista investigativo diría que el policía perdería su primera fuente: el consumidor que le dice quién le vendió. Y mucho más importante que eso, yo aceptaría el debate si el Estado invirtiera de verdad en prevención y en tratamientos para los adictos. Y yo no veo que pase eso... Por otro lado, noto que la restricción que plantea la actual ley al menos sirve para algo: el pibe tiene que ir a la comisaría, contarle a los padres, ir a un juzgado. Es como si tomara conciencia de que hizo algo mal. Y ese susto a veces hace que recule y largue...
-¿Aumentó el consumo en la región?
-Sí. Con la marihuana y la cocaína a la cabeza. Y cada vez hay más adolescentes que consumen. Mezclan con alcohol...
-¿Es cierto que la cocaína que se vende en esta zona es de mala calidad?
-Absolutamente. Como dice en la jerga, está muy mal cortada. Llega con un grado de pureza del 80, 90%. Y pasa por distintas manos que quieren su ganancia. Entonces la mezclan con lo que te imagines. Bicarbonato, azúcar impalpable, talco, pastillas,
hasta que la pureza baja al 20% o 10%. Mirá, hasta eso encontraron los peritos...
-¿Un tubo de luz?
-Sí. Rallado...
-¿Tienen medios para combatir a los traficantes?
-... Y, es como perseguir a un tipo que va en un BMW con un Fiat Duna.
Voces del sí
"Lo primero que hay que hacer -explica el ex diputado García- es diferenciar entre despenalizar y legalizar: despenalizar no significa ir al kiosco a comprar cocaína; eso es un mito. Significa dejar de tratar como delincuentes a miles y miles de usuarios que no cometieron ningún delito. Porque aunque está claro que consumir no es algo saludable ni mucho menos, no debería ser un delito. Y condenarlo viola el artículo 19 de la Constitución Nacional. Yo pregunto: si a alguien que consume lo trato como un delincuente, lo estigmatizo, en muchos casos le hago perder el trabajo, ¿lo acerco o lo alejo de una solución?
-Se argumenta que si se despenaliza se pierde el último eslabón de la cadena, fundamental para llegar al narco...
-Falso. Porque mientras seguimos procesando a los usuarios, el negocio ha crecido brutalmente. Algunos ejemplos: sólo en el conurbano bonaerense se consume más cocaína que en toda Holanda, un país sindicado como el paraíso de los usuarios. La cantidad de cocaína secuestrada en Buenos Aires equivale a los que se consume en un sólo día en la ciudad. Si la marihuana que entra cada año proveniente de Paraguay viniera en camiones, serían necesarios 1.200 de doble acoplado. Mientras tanto todavía creemos que si le pegamos al perro aparece el dueño. Y entonces atacamos a la víctima y no al narco.
-¿Y la relación droga-delito?
-Hay una idea de que la espiral violenta tiene que ver con el consumo y ése es otro mito. Lo demuestra el dato de que el 97 % de los detenidos por aplicación de la Ley de Estupefacientes no estaba cometiendo un delito, ni tenía antecedentes. Ahora, es cierto que mucho de los que delinquen lo hacen drogados. Pero a cualquiera que se meta en una cárcel a charlar con presos le van a decir lo mismo que a mí: que antes de robar jamás van a fumar marihuana porque eso los tranquiliza. Y que, en cambio, prefieren mezclar pastillas con alcohol. Primero se ponen agresivos y luego amnésicos: no se acuerdan de lo que hicieron.
-¿Despenalizar resuelve el problema?
-No lo resuelve. Ayuda a buscar nuevos caminos. Un problema social estructural no puede tener sólo una respuesta penal.
En la región
El caso de J.M. tardará unos seis meses en resolverse. Por el gramo de marihuana hallado en su poder habrá audiencias, declaraciones de testigos, informes de los peritos de Gendarmería, informe socioambiental, intervención de la fiscalía, del juzgado y una carpeta con numerosas fojas, con la foto del imputado en la primera de ella. Todo para que, según la ley vigente, J.M. termine condenado a una recuperación que no tiene dónde hacer.
El despropósito de un Estado ausente que no previene, criminaliza a las víctimas y hace muy poco para rehabilitarlas es lo que impulsa a muchos juzgados a dictar el sobreseimiento en casos de tenencia para consumo si se encuentra al imputado con escasa cantidad de droga y se considera que estaba en una situación de intimidad suficiente como para no afectar la salud pública ni ningún bien jurídico protegido.
Aunque no hay unanimidad al respecto, es el criterio dominante a nivel nacional y es el que también sostiene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de General Roca, donde en 2007 se iniciaron 149 causas por la Ley de Estupefacientes: 143 fueron procesados para tenencia para consumo, 5 por tráfico y 1 por tenencia simple. Hubo 113 sobreseimientos.
Dos pisos más arriba, en una luminosa oficina, el doctor Oscar Albrieu, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, explica la posición del organismo: "Creemos que es inconstitucional penar la tenencia para el consumo cuando no tiene trascendencia a terceros. Recuerdo dos casos para graficarlo. Uno de ellos, el de un joven que estaba en una plaza y tenía dos porros. Fue sobreseído. Y el de un padre que fumaba marihuana delante de sus hijos. Aquí sí había trascendencia a terceros: nada menos que sus propios hijos. Por eso debió comenzar un tratamiento curativo".
Continúa: "Ahora le doy mi opinión personal. Considero que no tiene sentido penalizar una adicción ni someterla a proceso judicial. Es una cuestión constitucional de fondo: al tratarse de asuntos privados, el Estado no puede meterse. En cambio, hay que educar, hay que prevenir, hay que ayudar a quien se hace daño".
Poco después, a cinco cuadras de allí, el fiscal Marcelo Grosso convida un mate amargo y va directo al punto.
-Hablar de drogas me tiene podrido.
Y explica: "Siempre me invitan a mesas redondas o seminarios para eso. Y ya no tengo ganas de ir: ¿Sabés por qué? Porque se habla mucho y se hace poco. Y eso me enoja. Me enoja el Estado ausente".
Sobre su escritorio hay una pila de carpetas celestes.
-Mirá, hasta acá son por drogas -dice y pone la mano izquierda en la mitad de la pila, es decir unos 40 centímetros de causas por consumo o tenencia.
-Yo creo que el Estado debe asistir al adicto y combatir duro al narcotráfico. Pero antes debe decidir si el adicto es un delincuente o alguien que necesita ayuda -dice Grosso.
El debate está abierto.
¿De qué lado estás?
JAVIER AVENA
javena@rionegro.com.ar
