NEUQUÉN (ACE).- Tanto los querellantes como la Fiscalía Federal argumentaron largamente que las persecuciones, torturas y desapariciones protagonizadas por la dictadura en el Alto Valle se encuadraron en el "plan sistemático" de represión clandestina que el proceso militar aplicó en otras partes del país.
La APDH y la Fiscalía pidieron la elevación a juicio de los ocho militares por las torturas, privación ilegal de la libertad y por la desaparición de 17 víctimas, una de las cuales permanece desaparecida.
La APDH agregó que las desaparición forzada "no victimiza sólo al sujeto, sino también a sus familiares cuyo padecimiento buscando a los suyos, es equiparable a la tortura".
El organismo neuquino sindicó que las explicaciones de los imputados durante las indagatorias resultaron "inverosímiles" y que el reconocimiento de la función que cumplió "La Escuelita" al ser utilizado como centro clandestino de interrogatorio bajo tortura fue planteado no sólo por las víctimas, sino por conscriptos y por suboficiales del Ejército que testimoniaron en la causa.
Se insistió en que la metodología utilizada por los militares "fue un plan aprobado secretamente -que se siguió en todo el país bajo normativas idénticas- porque la sociedad no iba a aceptar fusilamientos ni la eliminación clandestina" de quienes fueron sindicados como "subversivos" por los militares.
El juez Labate les rechazó a las defensas de los militares la nulidad que pidieron de los argumentos de la fiscalía y de las querellas. "Requirieron justamente, se ajustaron a los hechos preventivados y son válidos", los planteos, dijo el juez.
