NEUQUÉN (ACE).- Otros cinco militares detenidos por su participación durante la última dictadura están a las puertas de un juicio oral, tras finalizar la ronda de intervenciones de las partes previa a la elevación a juicio de la causa.
En el juzgado federal a cargo de Guillermo Labate se inició el trabajo de copias de la documentación, para que ni bien el juez se expida se eleven los expedientes al Tribunal Oral Federal, o se archiven, si existe algún sobreseimiento.
Se trata de los acusados en el denominado "segundo tramo" de la investigación de Labate, que ya elevó a juicio un primer segmento con los procesados Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold y Luis Alberto Farías Barrera.
En este "segundo tramo" fueron acusados cuatro militares del Departamento de Inteligencia 181 que funcionó en Neuquén en 1976 y a quien se consideró el médico responsable de la supervisión de las torturas en el centro clandestino "La Escuelita".
Los imputados son el jefe del destacamento de Inteligencia, Mario Gómez Arenas, los oficiales de ese departamento Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín; el entonces suboficial Francisco Julio Oviedo y el médico militar Hilarión de la Pas Sosa.
El juez agregó las ampliaciones de indagatorias de Olea, Reinhold y Farías Barrera; por lo que ahora los ocho procesados están acusados por los mismos hechos ocurridos a 17 víctimas.
Además, Labate aceptó la presentación de nuevos querellantes, como el caso de algunos abogados particulares, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ceprodh, que cuestionó duramente la forma de trabajo del juez. Todos se sumaron a la APDH Neuquén.
Cuando el juez dio la intervención a las partes para elevar el "segundo tramo" de la investigación a juicio oral y público, el Ceprodh le cuestionó que "la investigación no está terminada" y que debiera seguir en instrucción hasta que todos los responsables por todos los hechos denunciados se eleven a juicio.
El juez federal deberá contestar en estos días cada planteo y resolver o no la elevación a juicio.
Todos los querellantes finalizaron los requerimientos, y las defensas de los militares acusados sostuvieron (con diferentes argumentos) que la causa no tiene que ser elevada a juicio.
Pero la semana pasada Labate rechazó las nulidades objetadas por las defensas y no hizo lugar a los ataques que los abogados de los detenidos hicieron a los planteos de las querellas.
Como respuesta defensista, dos apelaciones (por la negativa del juez anular el proceso) deben ser resueltas por la Cámara Federal de Roca.
Las querellantes por el Ceprodh, Romina Sckmunk e Ivana Del Bianco, aclararon que "si bien consideramos que la instrucción de la causa no está completa y no debe ser elevada a juicio; si el juez no hace lugar a este planteo, pedimos que subsidiariamete la causa se eleve con los ocho imputados" .
La acusación en contra de los ochos militares detenidos, les permitirá a las querellantes participar en el juicio si Labate eleva la causa.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -representada por Marcelo Medrano- no respondió en esta etapa si requería la elevación a juicio y por ello no podrá intervenir en este segmento cuando alcance la audiencia oral.
