Haber cobrado dinero que no le correspondía empezó a costarle caro al camarista federal de Roca, Arturo Pérez Petit.
A fines del 2007 el Consejo de la Magistratura dio por comprobado que el juez se benefició con una prolongada doble percepción, pero ahora puso precio a las irregularidades y le ordenó en primera instancia devolver más de medio millón de pesos.
La resolución fue firmada el 20 de febrero pasado por la administradora general del Poder Judicial de la Nación, Cristina Akmentis. El escrito -al que accedió este diario- establece que Pérez Petit debe restituir al Estado 426.269,91 pesos de capital y 91.178,20 pesos de intereses, por haber actuado en contra de una norma interna del Poder Judicial que pone límites a los adicionales por antigüedad para los funcionarios que ya perciben una jubilación.
Se trata de la Resolución 2.382/97 de la Corte Suprema, que establece la obligatoriedad de optar por el haber previsional o el suplemento por antigüedad. La disposición agrega que en caso de elegir cobrar la jubilación, la antigüedad sólo debe calcularse desde la fecha de ingreso al Poder Judicial.
Pérez Petit aseguró en una declaración jurada que no lo hacía, pero siguió cobrando simultáneamente -durante casi una década- una jubilación ordinaria de unos 3.000 pesos y otra importante suma
por antigüedad, calculada no desde su llegada a la Justicia (1990) sino desde que se recibió de abogado, en 1957. Con 47 años y 11 meses reconocidos (la investigación comenzó en 2005) y a partir de aumentos dispuestos para los haberes del Poder Judicial, esa bonificación llegó a representar 8.000 pesos mensuales para el camarista, según informaron fuentes judiciales.
Los datos aportados por los voceros consultados indican que el juez roquense comenzó a recibir desde enero descuentos que rondan los 4.000 pesos, equivalentes al 20 por ciento de su sueldo neto.
Un simple cálculo permite inferir entonces que, a ese ritmo, el Estado nacional podría recuperar la suma total recién en el 2018.
El camarista en cuestión cumplió el mes pasado 78 años y en los tribunales federales roquenses la mayoría sabe que está esperando el aval para su jubilación del Poder Judicial, que en caso de aprobarse seguramente demandaría un nuevo trámite administrativo para analizar la continuidad de los descuentos.
En la sede del Consejo de la Magistratura también se confirmó que Pérez Petit -después de empezar a recibir su sueldo con descuentos- presentó el miércoles pasado un recurso jerárquico contra la decisión de la Administración Federal encabezada por Akmentis.
La cuestión será abordada en los próximos días por la Comisión de Administración y Financiera, presidida por Luis Cabral (uno de los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura).
Tras el análisis de la situación, dicha Comisión emitirá un dictamen que pasará a dirimirse en el plenario del Consejo (es decir con todos los miembros que integran el cuerpo) cuya decisión será definitiva.
Este procedimiento llevaría al menos un par de meses, aunque depende tanto de la actividad que desarrolle la comisión en cuestión como de la cantidad de temas propuestos en el plenario.
No obstante, una alta fuente que conoce al dedillo la evolución de la investigación se animó a deslizar que es casi imposible que haya vuelta atrás en un asunto donde, de acuerdo a la auditoría realizada, existen datos precisos que avalan la decisión inicial.
(ABA / Redacción Central)
