El gobierno español aprobó ayer la extradición del represor Ricardo Cavallo a Argentina, para que sea juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La resolución a favor de la extradición, adoptada por el Consejo de Ministros, fue anunciada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en conferencia de prensa.
Sin embargo, el gobierno español precisa en un comunicado que la entrega queda suspendida hasta que el ex marino "deje extinguidas las responsabilidades contraídas" en España; es decir hasta que termine el proceso judicial abierto en ese país. Y agrega que "no obstante se puede hacer uso de la entrega temporal en las condiciones acordadas por las partes, según se establece en el artículo 19 del Tratado bilateral. Con esta decisión, "España dice que no tiene inconveniente político en aceptar la extradición de Cavallo bajo dos condiciones, primero, que México de su consentimiento de re-extradición -ya otorgado- , y segundo, que el reclamado cumpla con sus compromisos en el país -ser juzgado y cum
plir condena-", indicaron fuentes judiciales. Pero también queda abierta una vía, la "entrega temporal" para que Cavallo sea extraditado a Argentina sin que previamente haya cumplido con sus responsabilidades judiciales en España. Esta opción, sólo se hará efectiva si las autoridades judiciales argentinas así lo solicitan, y después de que ambas partes acuerden las condiciones de la entrega.
Cavallo, alias "Sérpico" o "Marcelo", cumple prisión provisional en Madrid desde 2003, cuando fue extraditado de México a España a pedido del juez Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
El ex capitán de corbeta, quien formó parte del servicio de inteligencia naval, era oficial de contra-inteligencia y en ese carácter integró el grupo de tareas 3.3.2, fue detenido en México el 24 de agosto de 2000 cuando intentaba huir hacia Argentina.
A mediados de 2006, la Fiscalía pidió que se fijara fecha para el juicio oral, pero hasta ahora el titular de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, se había negado a hacerlo a la espera de que se resolviera el proceso de extradición. Cuando el pasado 7 de febrero México se pronunció a favor de la re-extradición de Cavallo de España a la Argentina, las acusaciones particulares y populares temieron lo peor: que fuera entregado al país sin ser juzgado en el marco de la misma causa por la que fue condenado el represor Adolfo Scilingo. Tras la decisión que adoptó ayer el gobierno español, las dudas no se han despejado por completo.
Para el abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, la decisión del consejo de ministros implica que el ex marino no será juzgado en España. "Lo van a entregar y no va a volver nunca más a España", dijo el abogado. En cambio, el abogado de la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE), Manuel Ollé, indicó que en su resolución el gobierno dice claramente que "accede a la extradición" pero también "da cumplimiento al artículo 19 que establece que cuando hay una causa pendiente, el reclamado no puede ser entregado".
