SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El aumento de tarifas que pidió la CEB para afrontar mayores costos laborales recibió un amplio apoyo en la audiencia pública que se realizó ayer por convocatoria del Ente Provincial Regulador (EPRE).
Además de justificar la revisión extraordinaria de la tarifa, muchos de los expositores atacaron con dureza al organismo provincial y reivindicaron la municipalización del poder concedente.
Ese áspero clima dominó la última parte y estalló al final. Cuando el cónclave ya había terminado y los asistentes se retiraban, el funcionario del EPRE Roberto Ferrero agredió al consejero de la CEB Federico Lutz. Le lanzó un golpe que le rozó la nuca y dejó alguna marca en el teléfono móvil que Lutz tenía en la mano con la que buscó protegerse. En el forcejeo cayeron al suelo algunas carpetas y papeles.
El incidente fue aplacado por otros directivos, pero seguramente contribuirá a agravar la ya difícil relación entre la Cooperativa y el ente regulador.
Durante la audiencia los voceros de la CEB explicaron que los últimos aumentos salariales obtenidos por los trabajadores de la energía en todo el país no estaban contemplados en la última revisión tarifaria quinquenal de la CEB, que data de abril de 2004.
Defendieron el derecho a incorporar ese nuevo costo a la tarifa y señalaron también que la dotación de personal que tienen autorizada por el EPRE es de 66 empleados, pero actualmente tienen un plantel de 85, porque de otra forma no podrían atender la creciente demanda eléctrica en el área a su cargo.
Otro argumento de la CEB fue la necesidad de una estructura que permita atender emergencias como la del invierno pasado, cuando una nevada volteó decenas de postes y dejó a miles de usuarios sin luz varios días.
Según el presidente de la CEB, Omar Goye, el desequilibrio por los salarios y contrataciones no reconocidos representan para la empresa un sobrecosto de 3,1 millones de pesos al año, que fue cubierto hasta ahora con la renta de otros servicios.
El ajuste tarifario reclamado es del 10% en promedio y la CEB ya comenzó a aplicarlo en su última facturación, sin esperar la autorización del EPRE.
La única voz en contra del aumento fue la del defensor del Usuario, Miguel Sama, quien lo calificó de "inoportuno e improcedente". Describió el "crecimiento económico" de la CEB y la multiplicidad de servicios que presta "sin una adecuada separación contable de los costos". Propuso que las
demandas ante eventos climáticos sean afrontados "con personal temporario y horas extra". La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, envió una nota en la que se excusó por no estar presente y también consideró que el pedido de la CEB es "carente de sustento".
Luego pasaron por el micrófono una decena de vecinos, miembros del Foro sobre la Problemática Eléctrica de la ciudad y algunos consejeros de la CEB que consideraron indispensable la corrección de las tarifas.
Por otras razones, también manifestó su apoyo al aumento un representante de la empresa Edersa, que presta el mismo servicio en el resto de la provincia.
La dirigente vecinal Elisabeth Rivera consideró que "si la CEB fuera privatizada la tarifa sería mucho más alta". La ambientalista Ana Wieman recordó, por su parte, que otras prestadoras de servicios como la empresa Telefónica no someten sus precios a audiencia pública y luego de la tormenta del invierno "tardaron meses en reponer las líneas".
Cargó además contra el EPRE y se preguntó cómo ese organismo puede ejercer la tutela sobre las tarifas de la CEB y "aumentó sus costos un 27% sin pedir autorización a nadie".
Similar imputación descargó el síndico de la CEB, Raúl Rodríguez, quien reclamó indignado la inmediata devolución del poder concedente al municipio local.
El vecino Héctor Ferraro acusó al EPRE de "querer entregar la CEB" y subrayó que "este año los barilochenses deberán pagar 600 mil pesos a ese organismo, que aumenta su canon sin llamar a audiencia pública". Se preguntó qué opinión tiene de ese tema el defensor del Usuario. Consideró que el organismo regulador "es un reducto de parásitos de la sociedad y de acomodados políticos".
El consejero de la CEB Roberto Sosa Lukman hizo notar que es imposible supervisar los costos de otras empresas como ocurre con la CEB.
