LAS GRUTAS (ASA).- El valioso y privilegiado loteo frente al mar "Patagonia Villa Eugenio", cuya ejecución fue aprobada en la polémica sesión del pasado viernes y que podrá comenzar a ejecutarse una vez que la intendenta Mabel Leonardo promulgue la ordenanza, deberá cumplir varios requisitos que impuso el dictamen de la secretaria de Planeamiento Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Patricia Llonch, para que sea compatible con el plan Rector de Ordenamiento Territorial.

Las concejales oficialistas y el vecinalista Horacio García votaron a favor de que la firma que integran Eugenio Tarruella (h) y los abogados Jorge Bollero y Gabriel Arias puedan llevar adelante un proyecto de urbanización que se situará entre el Cañadón de la Paloma y las Piedras Coloradas, en una franja costera ubicada al sur de este balneario.

La sociedad privada cuenta con título de propiedad de esa tierra, que había sido obtenida por Tarruella y sus patrocinantes en 1996 mediante un controversial convenio transaccional del que participaron el ex intendente Wálter Zonco y el ex ministro Horacio Jouliá. Con ese argumento y con la necesidad de posibilitar la expansión de Las Grutas, el actual Concejo decidió desconocer una ordenanza del 2000 que rechazaba aquel convenio -que nunca había sido refrendado por el Deliberante- y ratificaba el dominio municipal sobre esa valiosa franja.

Desde la Secretaría de Planeamiento se dictaminó que el futuro loteo, para obtener prefactibilidad, deberá respetar la faja de defensa costera y establecer con un agrimensor el amojonamiento que marque el borde del proyecto en relación a la línea de más alta marea centenaria.

También se exige que la reserva para la continuación de la avenida Costanera tenga un ancho mínimo de 50 metros, para evitar saturaciones vehiculares y también para garantizar calidad paisajística con posibles canteros y forestación. "Por ello -dice el dictamen que se incorporó a la ordenanza como anexo- no se admitirán parcelas contiguas a la faja de defensa costera".

En esa faja se prevé la creación de unidades fiscales para los futuros equipamientos de playa que puedan concesionarse.