NEUQUÉN (AN).- Desde marzo de 1991 está prohibido en el país el incremento en el monto de los alquileres de inmuebles en función de índices como la canasta familiar o el salario básico. Sin embargo la mayoría de las inmobiliarias y los locadores particulares de la ciudad aplican subas que en algunos casos llegan al 40%.

Es usual que con el inicio de un nuevo año las inmobiliarias y locadores incrementen el precio de las propiedades en alquiler apelando a una cláusula que figura en la mayoría de los contratos y que, desde la sanción de la Ley 23.928 está prohibida. Desde la Cámara Inmobiliaria de Neuquén, su titular, Marcelo Viñas arremetió contra la disposición e indicó que "es una resolución anticonstitucional y por eso nosotros nos amparamos en el Código Civil y por eso aplicamos incrementos cuando se amerita".

Si bien la postura de las inmobiliarias -que agrupan al 80% de las propiedades en alquiler en la ciudad- es cuestionada por muchos inquilinos, Viñas advirtió que "tiene que haber un común acuerdo entre el inquilino y la inmobiliaria para que el aumento se pueda aplicar y para eso hay algunos pasos que se pueden seguir". Viñas explicó que "la opción más sencilla es ver otras cotizaciones para propiedades similares y de allí llegar a un acuerdo", aunque agregó que "también se ha llegado en casos a enviar cartas documentos cuando el inquilino no quiere pactar un nuevo precio".

El crecimiento explosivo de la ciudad y la falta de propiedades en alquiler son los factores detonantes de estas subas, que en algunos casos incluso superan el 40% y que varias veces no son acordadas previamente sino impuestas por los propietarios del inmueble.

"Cuando fui a abonar el mes me anunciaron que tenía que pagarles 200 pesos más a partir del próximo mes y no me dieron ninguna posibilidad de negociar, porque dijeron que si no quería pagarlo había mucha más gente que sí estaba dispuesta a hacerlo", explicó Mariela, una empleada pública y vecina del barrio Centro Oeste.

"Lo idea es dejar plasmado en el contrato los aumentos que vayan a darse o cuando se va discutir un nuevo monto", indicó Viñas.

El referente del sector agregó que "siempre debe haber un contrato de alquiler, elaborado por un martillero o corredor y no uno de esos que venden en los kioscos y siempre tiene que estar sellado porque eso es lo que le da a ambas partes el resguardo legal".

En una discusión en la que los inquilinos corren el riesgo de quedarse en la calle, son minoría los que acuden a un abogado para evitar pagar el incremento impuesto.

Esta situación se plasmó varias veces en el último semestre, ya que en función de los constantes incrementos de precios varios propietarios han aplicado subas escalonadas, que dependiendo de la vivienda y la ubicación han llegado a alcanzar el 100% en tan solo un año.