SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Casi un centenar de habitantes de la Línea Sur con el intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, a la cabeza, se organizaron para exigir el cumplimiento de la ley de Tierras, el reconocimiento de sus derechos como pobladores y frenar los manejos irregulares en sus campos.
El factor aglutinante fue el despojo sufrido por la familia Linares -cuyo campo en Pichileufu fue adjudicado a un tercero por el gobierno provincial- que sirvió como punto de partida para analizar una problema común: la imposibilidad de acceder a la propiedad de las tierras rurales que ocupan desde siempre.
La asamblea realizada en el salón municipal de Pilcaniyeu reunió a habitantes de los parajes Pichileufu, Perito Moreno, Paso Los Molles, Corralito, Cerro Alto, Neneo Ruca, Comallo, Las Bayas, Coquelen y Pipil Cura, entre otros. A ellos se sumaron integrantes de la Asamblea de vecinos contra el saqueo de Bariloche y la Sociedad Rural local.
Por segunda vez, el gran ausente fue el director de Tierras, Jorge Belacín, y los legisladores del circuito que fueron especialmente convocados para exigirles respuestas y soluciones.
El único dirigente político que asumió el desafío planteado desde los parajes fue Ayuelef, quien advirtió que la zona rural del departamento Pilcaniyeu abarca 10.000 km cuadrados de campo donde su gestión no puede dar respuestas. "No podemos hacer una ley que nos permita asistir a los pobladores de la zona rural, ni intervenir cuando se venden campos, pero los vamos a acompañar y no vamos a aceptar ningún tipo de presión política" prometió.
El mandatario propuso hacer un relevamiento de los pobladores y su situación dominial para tener un mapeo claro de los problemas que hay en la región y reclamar
respuestas concretas. Por su parte la Cooperativa Peumayen de Pichileufu ofreció su ámbito de reunión para mantener la movilización y alerta.
Una vez concluido el relevamiento, que demandará algo más de un mes de tra
bajo, se reclamará a la Dirección de Tierras que baje a Pilcaniyeu con los expedientes en la mano para dar respuestas puntuales a los problemas detectados, con el acompañamiento legal de la Comunidad del Limay (CdL).
Otra institución que se sumó al reclamo fue la Sociedad Rural de Bariloche que fijó una clara postura en favor de los pobladores-productores y el rechazo a cualquier forma de despojo. El dirigente de la entidad, Edgardo Contín, opinó que "la ley de Tierras es tan clara que no tiene ningún sentido esto que sucedió con Linares, no soy abogado pero todo lo que ha pasado suena ilegal".
El razonamiento fue abonado por el abogado de la CdL, Rubén Marigo, quien aseguró que "todos los casos que hemos visto (desde la organización) van en contra de la ley de Tierras".
Marigo advirtió que esta problemática se repite en todo el territorio rionegrino porque "la postura política de Tierras es priorizar los proyectos de especulación económica, en contra del principio constitucional de que la tierra es para quien la trabaja y produce".
La organización fue contundente al plantear la responsabilidad del ministro de la Producción, Juan Accatino, por considerar que la problemática planteada excede las decisiones de la dirección de Tierras. "Esto parece una política sistemática que va más allá de la Dirección de Tierras" opinó el ambientalista José Games.
La convocatoria logró, además, romper el aislamiento y el desamparo que enfrentan los pobladores rurales de esa región, carentes de representantes que gestionen soluciones a sus problemas y huérfanos de interlocutores ante un Estado provincial indiferente y ausente.
"Este es un problema que sufren muchos pobladores en los parajes pero no tenemos cómo resolverlo porque estamos solos" dijo Ema Chanqueo, vecina de Pilcaniyeu y familiar de pobladores de Pichileufu.
La mujer lamentó la ausencia de Belacín, citado para explicar el despojo que sufrió la familia Linares (ver aparte) y dar respuesta a otros múltiples reclamos. "Hoy tampoco vino nadie" dijo Chanqueo, con más resignación que el resto de los presentes.
Durante la asamblea una docena de pobladores de Pichileufu, Pilcaniyeu Viejo, Neneu Ruca, Villa Llanquin, Pinquiniyen Arriba, Corralito y Paso Los Molles denunciaron los despojos sufridos y la imposibilidad de acceder a la propiedad de la tierra que ocupan por la indiferencia del Estado provincial.
Hablaban por sí o en representación de otros tantos pobladores vecinos que iniciaron trámites para acceder a los títulos. En cada uno de los relatos se reflejaba con crudeza la falta de presencia, asesoramiento y respuestas de la Dirección de Tierras.
